El Registro Nacional contabiliza 12 mil 785 personas desaparecidas, pero el registro estatal reconoce 16 mil 170; de incorporarse esa cifra, Jalisco ocuparía el primer lugar nacional. La crisis se concentra en municipios gobernados durante años por el proyecto político que surgió en Tlajomulco y llegó al gobierno estatal con Enrique Alfaro y posteriormente Pablo Lemus.
Por Cuauhtémoc Villegas Durán
Jalisco podría no ser el tercer estado con mayor número de personas desaparecidas de México.
Podría ser el primero.
La diferencia no surge de una estimación periodística, ni de una organización opositora, ni siquiera de una proyección estadística. Está dentro de las propias bases gubernamentales.
El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), publicado en agosto de 2026 por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, encontró una contradicción de miles de personas entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el registro oficial del propio estado de Jalisco.
El RNPDNO contabilizaba más de 12 mil 785 personas desaparecidas en Jalisco y colocaba al estado en el tercer lugar nacional.
El Registro Estatal de Personas Desaparecidas, sin embargo, reconocía 16 mil 170.
Son 3 mil 385 personas de diferencia.
La conclusión de las investigadoras es contundente: si la cifra estatal se incorporara al Registro Nacional, Jalisco pasaría a ocupar el primer lugar de México en desapariciones.
La diferencia entre registros podría parecer un problema burocrático.
No lo es.
Detrás de esos números hay miles de familias que buscan a una persona.
Y debajo de la tierra de Jalisco aparece otra estadística todavía más difícil de explicar.
De Jalisco son el 14 por ciento de los cuerpos encontrados en fosas
La investigación de la Ibero documentó 263 fosas clandestinas en Jalisco entre 2006 y septiembre de 2024.
De ellas fueron recuperados por lo menos mil 157 cuerpos.
Es un promedio aproximado de cuatro personas por fosa.
La cifra convierte a Jalisco en un caso excepcional: aunque otras entidades acumulan más fosas, Jalisco concentra por sí mismo 14 por ciento de todos los cuerpos recuperados de fosas clandestinas documentados por la investigación en México.
La dimensión de la crisis vuelve a aparecer cuando se comparan las fuentes oficiales con las periodísticas.
Mientras los medios documentaron mil 157 cuerpos recuperados en Jalisco, las fiscalías reportaron 627 menos.
Es aproximadamente una relación de dos cuerpos documentados por periodistas por cada uno que aparece en los registros de las fiscalías.
El fenómeno se repite:
los desaparecidos no coinciden.
Los cuerpos tampoco.
Tlajomulco
Para entender el mapa de la desaparición en Jalisco hay que mirar hacia un municipio.
Tlajomulco de Zúñiga.
La investigación contabilizó allí 314 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2006 y 2024, una de las cifras municipales más altas de México.
Tlajomulco concentra aproximadamente 27 por ciento de todos los cuerpos encontrados en fosas en Jalisco.
Pero el dato decisivo está en la fecha.
El 91 por ciento de los cuerpos encontrados en Tlajomulco durante todo el periodo 2006-2024 corresponde a los años 2018-2024.
Es decir, la mayor parte de la acumulación ocurrió en apenas siete años.
Entre 2019 y 2024, Tlajomulco incluso se convirtió en el municipio mexicano con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas dentro de la base analizada por la Ibero: 287.
Superó a Tecomán, Colima, con 200; Ixtlahuacán, con 170; Tijuana, con 162, y Hermosillo, con 150.
El municipio donde comenzó el proyecto de Alfaro
Tlajomulco posee además una importancia política particular.
Fue allí donde Enrique Alfaro Ramírez construyó una parte fundamental del proyecto político que años después conquistaría Guadalajara y finalmente el gobierno de Jalisco.
Alfaro fue presidente municipal de Tlajomulco entre 2010 y 2011. Después gobernó Guadalajara y el 6 de diciembre de 2018 asumió la gubernatura de Jalisco, que conservó hasta diciembre de 2024.
El propio gobierno municipal de Tlajomulco ha presentado públicamente a 2009 como el comienzo del proyecto político encabezado por Alfaro en ese municipio.
Y es precisamente a partir de los años finales de esa construcción política cuando la investigación de la Ibero encuentra la mayor concentración de cadáveres en fosas del municipio.
Esto no demuestra por sí mismo que un fenómeno haya causado el otro.
Pero la coincidencia histórica merece ser observada:
91 por ciento de los cuerpos documentados en Tlajomulco apareció entre 2018 y 2024, exactamente durante el sexenio en que Alfaro gobernó Jalisco.
Las casas abandonadas se convirtieron en tumbas
La explicación territorial es todavía más perturbadora.
Tlajomulco tuvo una expansión inmobiliaria extraordinaria acompañada por decenas de miles de viviendas abandonadas.
La Ibero señala la existencia de más de 77 mil casas deshabitadas y observa que numerosos predios, viviendas abandonadas y fraccionamientos terminaron siendo utilizados para ocultar cadáveres.
No eran necesariamente fosas escondidas en montañas lejanas.
Estaban dentro de las colonias.
Al lado de viviendas.
En parques.
En lugares donde todavía vivían familias.
Uno de los ejemplos más extremos ocurrió en Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco.
Entre 2018 y 2024 la zona fue intervenida por lo menos siete veces.
Se encontraron 10 fosas clandestinas y 17 cuerpos.
La propia investigación considera el caso un ejemplo de utilización reiterada de un mismo espacio urbano para ocultar personas.
En Chulavista ocurrió algo todavía más simbólico.
Siete bolsas con restos humanos fueron encontradas enterradas dentro de un parque público.
Según el testimonio recogido por la Ibero, los restos estaban apenas a unos metros de una cancha donde jóvenes jugaban básquetbol.
El cementerio clandestino había dejado de estar en las afueras.
Había entrado a la ciudad.
No solamente Tlajomulco
El mapa jalisciense del enterramiento clandestino se extiende mucho más allá.
En la relación nacional de municipios con grandes cantidades de cuerpos recuperados aparecen Tlajomulco, Zapopan, El Salto, Juanacatlán, Tonalá, La Barca y Ocotlán.
Ocotlán ofrece otro ejemplo particularmente brutal.
En 2014 fueron encontrados 67 cuerpos en una sola fosa previamente exhumada.
La investigación considera que aquel hallazgo puede entenderse dentro de la disputa territorial existente entonces entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.
Jalisco, según el informe, es desde hace décadas un territorio disputado por organizaciones criminales.
En los últimos años el Cártel Jalisco Nueva Generación ha adquirido un control territorial significativo mediante el uso sistemático de la violencia, señala el estudio.
En 2024 Jalisco ocupó además el quinto lugar nacional por número de homicidios, de acuerdo con los datos del INEGI citados por las investigadoras.
Los señalamientos contra Alfaro
La historia política de Jalisco durante estos años también ha estado rodeada de acusaciones que no pueden ignorarse, pero que deben diferenciarse de hechos judicialmente acreditados.
En junio de 2018, cuando Enrique Alfaro era candidato al gobierno de Jalisco, la periodista de investigación Anabel Hernández publicó información según la cual autoridades estadounidenses investigaban presuntos vínculos del político con organizaciones criminales.
Hernández sostuvo haber tenido acceso a documentos de inteligencia y posteriormente afirmó que existían investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
Alfaro negó esos señalamientos.
Años después aparecieron nuevas versiones.
Información atribuida al Centro Nacional de Inteligencia y difundida a partir de los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional en los llamados Guacamaya Leaks describió presuntas reuniones entre enlaces del CJNG y mandos policiacos relacionados con la administración jalisciense.
Ninguno de esos señalamientos equivale por sí mismo a una condena judicial contra Enrique Alfaro.
Pero forman parte del contexto político en el que creció simultáneamente una de las organizaciones criminales más poderosas del continente y se produjo una de las mayores crisis de desaparición de personas registradas en México.
De Alfaro a Lemus
El proyecto político continuó después de Alfaro.
Pero hay que precisar la ruta.
Pablo Lemus nunca gobernó Tlajomulco.
Gobernó Zapopan entre 2015 y 2021 y Guadalajara después; finalmente ganó la elección estatal y asumió como gobernador de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, sucediendo directamente a Enrique Alfaro.
La continuidad política, por tanto, no es municipal sino estatal y metropolitana.
El movimiento que encontró en Tlajomulco uno de sus primeros grandes laboratorios políticos terminó controlando buena parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara y después el gobierno estatal.
Mientras tanto, la geografía de las fosas también dejó Tlajomulco.
Apareció en Zapopan.
En Tonalá.
En El Salto.
En Juanacatlán.
En Ocotlán.
En La Barca.
Y en otros municipios.
La crisis que los registros oficiales no alcanzan a contar
La Universidad Iberoamericana advierte que sus cifras tampoco pueden considerarse el universo completo.
Su investigación combina solicitudes de información a fiscalías de las 32 entidades, revisión sistemática de información periodística y entrevistas con integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda, familias buscadoras, organizaciones y especialistas.
El contraste reveló omisiones, falta de homologación y problemas de interoperabilidad entre bases gubernamentales que generan subregistros y dificultan conocer la verdadera dimensión de la desaparición.
Por eso hay que regresar a la cifra inicial.
12 mil 785.
Eso dice el Registro Nacional.
16 mil 170.
Eso dice Jalisco.
Entre ambas cantidades caben 3 mil 385 personas.
No son números abstractos.
Son personas cuyo registro depende incluso de qué base gubernamental se consulte.
Si el Registro Nacional reconociera la cantidad que reconoce el propio gobierno de Jalisco, la entidad dejaría de ocupar el tercer sitio.
Sería el estado con más desaparecidos de México.
Y bajo ese territorio, entre 2006 y 2024, la investigación ya encontró el rastro estadístico de al menos mil 157 cuerpos enterrados clandestinamente.
Quizá el verdadero problema de Jalisco no sea únicamente cuántas personas han desaparecido.
El problema es que, después de tantos años, ni siquiera el Estado parece saber exactamente cuántas son.
