César Freyre: Los infiernos del falso caso Wallace

El falso caso Wallace revela la profundidad de la impunidad en México y el costo humano de mirar solo la superficie tras décadas de manipulación.

El falso caso Wallace y el de Cassez-Vallarta exponen el verdadero rostro del sistema judicial y mediático en México.

Por Antonio Rosales

Existen dos formas de interpretar la realidad: ver sólo lo inmediato, lo aparente, lo evidente, y quedarse con ello; u observar todo de forma crítica, agudizar la mirada, tratar de profundizar en lo oculto, lo recóndito y lo esencial. Como pelar las capas de una cebolla hasta llegar a la verdad. Limitarse a lo visible requiere poco esfuerzo: solo se necesita un primer vistazo, sin ir más allá.

En cambio, escudriñar en lo que se esconde más allá de lo superficial requiere más tiempo, energía mental y esfuerzo. El vértigo inherente a las dinámicas del periodismo, la cobertura de una noticia tras otra y, en general, de la vida diaria de cualquier persona, obstaculizan que tanto público como periodistas podamos analizar (aunque así lo quisiéramos) con el rigor necesario cada hecho noticioso. No es posible. Por eso, si así lo queremos y hacemos el esfuerzo, solo podemos lograrlo con algunos acontecimientos.

Un ejemplo es el llamado “falso caso Wallace” (Guadalupe Lizárraga dixit), tema sobre el que he escrito desde 2019, tanto en Red es Poder como en otros espacios (Reversos, Los Ángeles Press). Se ha convertido en una de mis “obsesiones periodísticas”, no sólo por la indignación que me causan las injusticias cometidas contra sus víctimas, sino también porque es importante investigar y analizar el papel que jugaron —y en algunos casos, quizás aún juegan— en la opinión pública, las coberturas mediáticas y en las políticas de seguridad de la época, la llamada “sociedad civil” (término y peculiar uso del mismo que deberíamos empezar a cuestionarnos y que requeriría otro análisis). Esta sociedad civil orbitó alrededor de la sanguinaria necropolítica del sexenio (2006–2012) de Felipe Calderón y su “Super Policía”, secretario de Seguridad Pública, el actualmente presidiario en Estados Unidos, Genaro García Luna. María Elena Morera Mitré, Rosy Orozco e Isabel Miranda de Wallace fueron los personajes más notorios de esa “sociedad civil” simulada y a modo, pero no son las únicas.

Otro ejemplo donde se debe analizar lo real y lo aparente sería el caso Cassez-Vallarta, sobre el que han escrito libros José Reveles, Emmanuelle Steels y Jorge Volpi. Caso tan enmarañado, lleno de atrocidades, sadismo y falsedades como el caso Wallace. Ambos tienen como común denominador a Isabel Miranda de Wallace, Felipe Calderón, Genaro García Luna, y a policías, jueces y demás funcionarios judiciales responsables o cómplices de la fabricación de pruebas y delitos, la manipulación mediática y las brutales torturas (físicas, psicológicas y sexuales) que sufrieron sus inculpados.

Si uno se queda únicamente con lo supuesto, podría pensarse que los años 2024 y 2025 son el inicio del fin de ambos casos. Al menos eso parece si recordamos el cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo Cruz (víctima del falso caso Wallace), a quien desde junio de 2024 se le concedió arresto domiciliario tras 18 años presa. Sigue sin sentencia y sin poder recibir una atención médica adecuada hasta el día de hoy.

Asimismo, la presunta muerte de María Isabel Miranda Torres (popularmente conocida como Isabel Miranda de Wallace) el 8 de marzo pasado, la liberación de Juana Hilda González Lomelí (primera víctima y detenida por el caso Wallace) el 11 de junio, e Israel Vallarta Cisneros (víctima por el caso Cassez-Vallarta, detenido desde diciembre de 2005), cuya liberación absolutoria el pasado 1° de agosto se convirtió en el centro de atención, celebraciones y polémicas en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales.

Deslumbrados por el furor, uno podría creer que esto representa el inicio de grandes cambios favorables en el Poder Judicial. El fin o el declive del infame legado criminal de García Luna y asociados. La esperanza de un nuevo y mejor sistema de impartición de justicia. Una mayor conciencia y ética en medios de comunicación, influencers y periodistas.

Quienes, en su mayoría, durante dos décadas criminalizaron a la familia Vallarta, Florence Cassez y David Orozco sin investigar ni cuestionar la versión oficial. Hoy lucran abundante e impúdicamente con las verdades que antes contribuyeron a negar, distorsionar y ocultar. Sin embargo, ¿realmente se respiran vientos de cambio a profundidad, o estamos ante otro “teatro del engaño” que mantiene la simulación y la impunidad transexenales que caracterizan la tortura y la fabricación de culpables en México?

Quizás la respuesta nos la dé la poca o nula visibilidad que han recibido el resto de las víctimas del caso Wallace: Jacobo Tagle Dobin, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón y César Freyre Morales.

No solo se les menciona poco o nada en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales, sino que incluso algunos aún los criminalizan. A pesar de que los otros delitos que se les atribuyen —además del caso Wallace— forman también parte de la abultada madeja de fabricaciones judiciales, políticas y mediáticas de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales e Isabel Miranda Torres.

Con el cinismo que la caracterizaba, y a sabiendas de que ninguna autoridad ni comunicador (empezando por quien la estaba entrevistando) la cuestionaban, la propia Miranda de Wallace lo reconoció en entrevista con Mónica Garza para el programa Historias Engarzadas (TV Azteca):

“Cuando yo me entero de que había un delito que se llamaba delincuencia organizada (…) me entero de que tenía que probar el Ministerio Público por lo menos dos secuestros… Entonces tengo que buscar la manera de poder probar otro secuestro para que pueda permanecer en el ámbito federal, porque para mí era muy importante que se quedara en la PGR”.

Cuando inició la fabricación del caso Wallace, Daniel Francisco Cabeza de Vaca se encontraba al frente de la entonces Procuraduría. Sin embargo, Arturo Chávez Chávez, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales Ibáñez, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alejandro Gertz Manero serían los siguientes titulares a cargo del caso. Todos pasaron por alto las irregularidades y mantuvieron en completa impunidad a Isabel Miranda hasta su muerte.

Caso César Freyre: Criminalización, torturas e invisibilización

Entre los inculpados más invisibilizados y, a la vez, más criminalizados del falso caso Wallace, destaca César Freyre Morales, la segunda persona detenida en esta historia. Tras las torturas, arraigo y detención que sufrió Juana Hilda González Lomelí entre enero y febrero de 2006, con el fin de autoinculparse e inculpar a los supuestos miembros de la inexistente banda, comenzó la persecución del resto de los acusados. El primero fue Freyre, ex policía de Morelos y ex pareja de Juana Hilda.

A partir de entonces, y durante varios años —incluso una vez ya detenidos— todos y cada uno de los acusados fueron exhibidos como peligrosos criminales en los anuncios espectaculares de Showcase Publicidad, empresa propiedad de Isabel Miranda de Wallace y actualmente manejada por uno de sus sobrinos, Luis Alberto Miranda Mondragón. La empresa cuenta con numerosos panorámicos, principalmente en Ciudad de México y Estado de México, y en menor medida, en el resto del país.

Existen versiones contradictorias sobre la detención de Freyre. Según la periodista Guadalupe Lizárraga —fundadora de Los Ángeles Press, que ha dado seguimiento incansable al caso— existen cuatro versiones con algunas diferencias en el expediente: dos de César Freyre (antes de incriminarse y después de ser obligado a hacerlo en 2010), una de Isabel Miranda Torres y otra de Roberto Miranda, hermano de Isabel.

A continuación, sintetizo las de Freyre, cuya veracidad se encuentra respaldada por peritajes que certifican las torturas.

Sin orden judicial previa, César Freyre Morales fue detenido el 23 de enero de 2006 en Ciudad de México, por la misma Isabel Miranda de Wallace, su hermano Roberto Miranda Torres (aunque en algunas versiones no aparece), y un grupo de individuos vestidos de civiles.

Durante el primer día, César fue torturado con golpes y descargas eléctricas en el tórax. De acuerdo con su testimonio, Isabel Miranda lo amenazaba directamente, pidiéndole que le entregara a su hijo (Hugo Alberto Wallace) y advirtiéndole que “ya tenía ubicada a toda su familia y los podía mandar a matar a todos”.

Las torturas continuaron los dos días siguientes por parte de cuatro hombres vestidos de civil. Le propinaron golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en boca y nariz.

Luego de tres días de torturas, fue presentado oficialmente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 26 de enero de 2006. Esta fecha fue registrada oficialmente como la de su detención. El 28 de enero se le dictó orden de arraigo por 45 días, renovada en marzo. Hasta abril, aún bajo arraigo, se le dictó orden de aprehensión y auto de formal prisión.

Bajo el folio 4675, el 31 de enero de 2006, la madre y hermana de César Freyre —María Rosa Morales Ibarra y Julieta Freyre Morales— interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo ombudsman era José Luis Soberanes.

En ella denunciaron no solo la detención arbitraria de César, sino también las agresiones contra Juana Hilda González Lomelí, y las amenazas y cateos ilegales dirigidos por la propia Isabel Miranda, realizados a vecinos, amigos y familiares.

Además de las sesiones de tortura por parte de agentes y las visitas intimidatorias de Isabel Miranda, César Freyre declaró a Los Ángeles Press que José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, lo amenazó con encarcelar a su madre y hermana si no se declaraba culpable.

El subprocurador cumplió su amenaza el 8 de febrero de 2006, bajo la fabricación del delito de extorsión. María Rosa Morales Ibarra y Julieta Freyre Morales permanecieron 90 días en prisión, en condiciones de aislamiento y bajo consigna. Esto mermó su salud, especialmente la de Julieta. Tras su liberación absolutoria, y pese al acoso, espionaje y amenazas por parte de la Procuraduría y de Miranda de Wallace, la familia continuó luchando por la libertad de César, pidiendo ayuda a distintas instancias y organizándose con familiares de otras víctimas del caso Wallace.

El 22 de octubre de 2010, Julieta Freyre Morales acudió a solicitar ayuda a la entonces senadora por el PRD, Rosario Ibarra de Piedra, en compañía de Enriqueta Cruz Jiménez (madre de Brenda Quevedo Cruz). Mientras narraba los maltratos sufridos por ella y su madre en prisión, y las torturas contra su hermano, comenzó a sentirse mal y cayó inconsciente. Fue trasladada al Hospital de Xoco, donde los médicos diagnosticaron un derrame cerebral. Pese a una intervención quirúrgica, falleció dejando dos hijas menores de edad. Antes de morir, en estado de absoluta inconsciencia, quizás reviviendo lo vivido, repetía entre delirios:

“Soy inocente, soy inocente, por favor, soy inocente”.

Meses después, el 15 de diciembre de 2010, Isabel Miranda de Wallace recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón y Raúl Plascencia Villanueva, entonces titular de la CNDH. Con pocos días de diferencia, se produjo la captura de Jacobo Tagle Dobin y sus brutales sesiones de tortura, en algunas de las cuales estuvo presente Isabel Miranda. Los peritajes del Protocolo de Estambul realizados a Tagle Dobin confirman también las torturas que sufrió.

También en octubre de 2010 ocurrieron las peores torturas contra César Freyre. Concretamente, el 2 y el 22 de octubre (la misma fecha en que murió su hermana). Lo sacaron a medianoche, lo subieron a un helicóptero —sin logos ni emblemas oficiales, pero con policías entrenados en tortura— y le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda de Wallace profiriendo amenazas. Atado de pies y manos, posteriormente fue colgado del estribo, poniéndolo de cabeza mientras el piloto hacía maniobras en el aire.

En otras tres ocasiones —cuya fecha exacta Freyre no recuerda— fue subido nuevamente al helicóptero, ahora para trasladarlo a “una explanada”, donde lo torturaron con toques eléctricos, la introducción de un líquido irritante en las fosas nasales y una mascarilla con gases que lo desmayaban. En una de esas ocasiones, terminó en estado de coma.

La propia Isabel Miranda de Wallace entró a intimidarlo al menos diez veces. En estas sesiones, destinadas a presionarlo para declararse culpable e inculpar a los demás acusados, lo insultaba, lo abofeteaba, le mostraba fotografías de sus familiares con sus domicilios y números telefónicos, y le enseñaba imágenes de cuerpos mutilados, amenazándolo con que “así quedarían” los suyos. Tras las torturas de octubre de 2010, Freyre aceptó inculparse por primera vez.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta incriminándose por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. También inculpó a los demás acusados, por segunda ocasión. Ese mismo día fue citado a un careo ante un juez, donde tuvo que repetir verbalmente la versión escrita bajo coacción. En tanto, su madre se encontraba en su casa, sometida y vejada por agentes armados. La comunicaron con César vía telefónica justo antes de la audiencia. Él cedió a lo que le pedían tras recibir la amenaza de que, si se negaba, asesinarían a su madre en ese momento.

En febrero de 2019, la señora María Rosa Morales Ibarra —madre de César— fue nuevamente amenazada, esta vez vía telefónica, después de que su hijo revelara para Los Ángeles Press la participación de Isabel Miranda en las torturas. Esto ocurrió durante la gestión de Renato Sales Heredia como Comisionado Nacional de Seguridad.

El 10 de julio de 2021, la señora María Rosa Morales falleció a causa de un infarto cerebral y neumonía. Murió sin poder ver la libertad ni el reconocimiento de la inocencia de su hijo, por quien tanto luchó. A César Freyre le fue negado cualquier permiso para acudir a despedirse de su madre.

Durante los veinte años que se ha prolongado el caso, la mayoría de los periodistas y medios de comunicación no solo guardaron silencio absoluto sobre las irregularidades, falsedades, torturas y amenazas contra las víctimas del caso Wallace y sus familias. También exaltaron la figura de Isabel Miranda como una madre ejemplar y una activista valiente y con credibilidad.

Esto ocurrió a pesar de que, al menos desde hace más de una década, la verdad detrás del caso ya era un secreto a voces dentro del gremio periodístico. Fue hasta 2019 que los medios comenzaron a abordar el tema, aunque las familias acudieron desde los primeros años del caso (2006) a medios como Aristegui y TV Azteca, sin que se les diera derecho de réplica.

La invisibilización y criminalización de César Freyre continúan hasta la fecha, y con ello, el aumento de su vulnerabilidad.

Las amenazas a Freyre para que la periodista revele sus fuentes

En días recientes, la periodista Guadalupe Lizárraga fue acosada e intimidada mediante mensajes privados, en un intento por obligarla a revelar las fuentes de su publicación sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. La presión provino del director del Cefereso #1, Luis Fernando Mendoza Castellanos.

Ante ello, la periodista hizo público el hecho en sus redes sociales y responsabilizó de cualquier daño a César Freyre y a su familia a Mendoza Castellanos, ya que Freyre se encuentra recluido en dicho penal.

El comunicador Ricardo Raphael se apresuró a publicar una carta que presuntamente habría enviado Freyre, desmintiendo la información publicada por Lizárraga.

Sin embargo, el periodista olvidó (u omitió) la posibilidad de que Freyre haya sido obligado a redactar o firmar ese escrito, ya que no sería la primera vez que lo fuerzan a escribir algo contra su voluntad. Esto es especialmente relevante al recordar el historial de torturas y agresiones que ha vivido en el caso Wallace.

Al cierre de esta nota, se desconoce si Freyre y su familia se encuentran realmente fuera de peligro, en relación con este incidente en particular.

Es necesario seguir pendientes de esta historia.

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Nota: Las narraciones sobre las torturas contra Freyre se basan en declaraciones del propio Freyre, asentadas en el expediente judicial y en el Protocolo de Estambul aplicado por la CNDH, así como en cartas y testimonios de su familia revelados a la periodista Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press).

La veracidad de gran parte de estos hechos también se encuentra respaldada por peritajes que certifican los abusos y agravios. Organizaciones de Derechos Humanos, tanto nacionales como extranjeras, también dan cuenta de ello.

Este artículo se publicó originalmente en Red es Poder.