Miguel Ángel Vega/Ríodoce

Rafael Caro, el Mayo y Vicente Carrillo se salvan de la pena capital

Cuando el gobierno de Estados Unidos dijo que aplicaría todo el peso de la ley a los narcotraficantes Ismael el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero, aseverando con aparente convicción que buscaría la pena de muerte para ambos, muchos lo creyeron.

Después de todo, respecto a Caro Quintero tenía 40 años de haber solicitado su extradición por el asesinato de uno de los suyos, Enrique Kiki Camarena, en 1985, mientras que por el Mayo, había agotado todos los recursos para atraparlo, y de pronto tenerlo bajo custodia no sólo era un triunfo para ellos, sino un trofeo tan valioso como el mismo Joaquín el Chapo Guzmán.

Las declaraciones de la fiscal Pam Bondi habían sido contundentes, pues no sólo dijo que buscarían que se ejecutara a Zambada García, de 77 años, sino también a Caro Quintero y a Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy.

Ese discurso cambió el martes de la semana pasada, cuando la fiscalía del Distrito Este de Nueva York dijo que siempre “no pediría la pena de muerte para ninguno de los capos”.

Según analistas, la decisión obedece a una serie de acuerdos que tanto Ismael Zambada, como Caro Quintero y el propio Viceroy, hicieron con los fiscales, y que consisten en revelar información que es de total interés para Estados Unidos.

“A estas alturas, lo que más le interesa a Estados Unidos es la clase política, y es un hecho que ya deben tener a varios en la mira, incluyendo gobernadores que en algún momento estuvieron en la nómina del Cártel de Sinaloa”, observo Mike Vigil, analista de seguridad y antiguo jefe de operaciones especiales de la DEA, en México.

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Pero Vigil no cree que el Mayo sólo vaya a señalar a gobernadores con quien pudo tener relaciones, sino que su caso es extraordinario y deberá presentar evidencias sólidas para lograr una buena negociación, y es lo que seguramente está negociando en este momento.

“El Mayo es una persona sumamente inteligente, y sin duda grabó de lejos o a escondidas conversaciones y acuerdos que tuvo con la clase política, porque él sabía perfectamente que, si lo traicionaban, necesitaría pruebas para defenderse y presionar a los gobernadores con quienes tenía acuerdos”, explicó Vigil quien, en su trabajo como agente encubierto de la DEA durante más de 20 años, se topó con historias similares.

La posible negociación del Mayo nunca ha sido un secreto para nadie, pues desde las primeras audiencias preliminares, su abogado Frank Pérez enfatizó que negociar con la fiscalía era una posibilidad, sin especificar qué podría ofrecer su defendido.

La información que provea el Mayo Zambada a los fiscales sería cotejada llegado el momento con las declaraciones de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes también estarían negociando con los fiscales, y quienes no sólo entregarían a miembros de alto rango de su organización, sino que brindarían información de artistas, deportistas y políticos de la actual administración del gobierno a quienes sobornaron.

Leonardo Silva, también agente retirado de la DEA, dijo que, aunque es muy ambiguo saber qué pudo ofrecer el Mayo Zambada a la fiscalía, es claro que la máxima presea que busca el gobierno de Donald Trump es la lista de políticos que han negociado con narcotraficantes.

“El Mayo, como el resto de los narcotraficantes, no pudo operar sin sobornar a políticos de alto nivel de gobierno, incluyendo gobernadores, y estoy seguro que él tiene esa información, y que la va a usar, pues para Estados Unidos será muy interesante qué gobernadores y sus familias han operado para los narcos”, opinó Silva.

Entre los políticos que públicamente ha señalado el Mayo, se encuentra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el finado ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. En ninguno de los casos, el narcotraficante asevera que haya sobornado a alguno de ellos, según se lee la carta que hizo pública su abogado Frank Pérez en agosto de 2024, aunque también se desconoce qué tipo de acuerdos haya hecho con los fiscales, ni qué información pudiera proveer.

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“Todo es una especulación, pero de que tiene información sobre políticos y que puede ofrecerla, es un hecho”, comentó Silva.

El doble filo de la justicia

No obstante, más que la pena máxima para el Mayo, lo que duele a los ex agentes de la DEA es que los fiscales hayan negociado con Rafael Caro Quintero, quien es acusado de haber quitado la vida a Ernesto Kiki Camarena, el 9 de febrero de 1985.

“Como agente de la DEA es lamentable porque él mató a uno de nuestros agentes, y ese hombre sigue aquí, respirando, y de Camarena no podemos decir lo mismo”, expresó Silva.

Vigil, quien mantenía una amistad de años con Camarena, mencionó que aunque él no cree en la pena de muerte, en el caso de Caro Quintero lamenta que no se le haya aplicado la pena máxima.

“Creo que Rafael Caro Quintero merecía que le aplicaran la pena de muerte, porque no nomás mató a uno de nuestros agentes, que era amigo mío, también ese hombre fue responsable de muchas muertes que después nos enteramos, porque a Caro Quintero no le importaba la vida de las personas, como tenía bastante dinero y poder, y creía que era Dios”, dijo Vigil.

Al igual que Silva, Vigil entiende que la negociación que pudieran tener, es parte de la misma ley en un afán por desarticular a organizaciones criminales, y si los fiscales piensan que hay suficiente evidencia para arrestar a más narcotraficantes o políticos, entonces los fiscales negocian.

“Los fiscales son quienes se encargan del caso y negocian, y nosotros en esa parte no tenemos ni voz ni voto”, dijo Silva.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dijo en una de sus conferencias matutinas que el no buscar la pena de muerte de esos narcotraficantes había sido la mejor decisión, pues la muerte de una persona, aunque fuera criminal, no resolvía nada.