En medio de la presión internacional de Trump, los migrantes salen de Tapachula con la esperanza de llegar a la frontera norte de México.

Argenis Esquipulas/Los Ángeles Press

Tapachula, Chiapas. — Tal como se había anunciado a través de redes sociales y confirmado por el activista y defensor de derechos humanos Luis Rey García Villagrán, una nueva caravana migrante partió esta mañana desde Tapachula hacia la Ciudad de México. Alrededor de las 6:00 horas, al menos 300 personas de diversas nacionalidades, en su mayoría cubanas y en un 90% mujeres, comenzaron su travesía en busca de mejores condiciones de vida y la regularización de su situación migratoria.

Esta movilización, la primera de la llamada “era Trump” —en referencia a la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre México— ocurre en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y la detención del propio García Villagrán, quien fue arrestado horas después de anunciar la salida de la caravana. Las autoridades federales confirmaron la detención, aunque no han revelado los cargos en su contra.

El gobierno mexicano se encuentra actualmente bajo presión de Washington, que ha condicionado la negociación de nuevos aranceles a un control más férreo del flujo migratorio. México logró una prórroga de 90 días para negociar dicho paquete comercial, lo que ha intensificado las acciones de contención en la frontera sur.

La caravana se organizó en respuesta a las condiciones precarias que enfrentan las personas migrantes en Tapachula, así como a múltiples denuncias de corrupción en los procesos de documentación ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Migrantes reportan cobros ilegales de entre 15 mil y 30 mil pesos por la agilización de trámites de refugio o la obtención de visas permanentes, prácticas que dificultan el acceso a la regularización para quienes no cuentan con recursos económicos.

Durante los días previos a la salida, las personas en movilidad se reunieron en asambleas en el parque Bicentenario, donde compartieron experiencias sobre la imposibilidad de obtener documentos, la falta de oportunidades laborales y las difíciles condiciones de vida en la región fronteriza.

“El problema no es solo la espera, sino que quien no paga, no avanza”, denunció una de las participantes en la caravana. Muchos migrantes también relatan que, ante la falta de alternativas legales y laborales, se ven forzados a aceptar empleos mal remunerados, sin derechos ni seguridad.

El primer tramo del recorrido contempla llegar al municipio de Arriaga, Chiapas, ubicado a unos 250 kilómetros de Tapachula y limítrofe con el estado de Oaxaca. Allí, los migrantes esperan poder reorganizarse y continuar su trayecto hacia la Ciudad de México, donde buscan resolver su situación legal con el apoyo de organizaciones civiles.

Pese a la detención de García Villagrán —director del Centro de Dignificación Humana A.C. y figura clave en la organización de esta y otras caravanas—, los participantes insisten en que el movimiento no se detendrá.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido su liberación inmediata y han reiterado su respaldo a la caravana.

Desde 2018 hasta 2025, México ha sido testigo de al menos 129 caravanas migrantes, con más de 100 mil personas desplazadas desde países como Honduras, Guatemala y El Salvador, empujadas por la violencia, la pobreza y el cambio climático. Solo en 2023, el INM registró a 26 mil migrantes movilizándose en este tipo de agrupaciones, incluida una caravana de 8 mil personas también desde Tapachula.

Sin embargo, las condiciones de riesgo han hecho que muchas de estas movilizaciones se vuelvan cada vez menos visibles. Organizaciones internacionales advierten que las personas migrantes —especialmente mujeres y menores de edad— enfrentan peligros como el secuestro, la violencia sexual y la falta de atención médica.

La caravana de este 6 de agosto representa un nuevo capítulo en la crisis migratoria que enfrenta México, una problemática creciente que exige atención estructural y respeto a los derechos humanos, más allá de las presiones políticas y económicas externas.