Ricardo Monreal, en saliendo del hangar del Gobierno de Zacatecas. Foto: Objetivo7fotógrafos/Cuauhtémoc Villegas Durán.
Zacatecas, México. — En enero de 2009, una noticia estremeció a Zacatecas y sacudió los cimientos del poder político en Fresnillo: el Ejército Mexicano decomisó más de 14 toneladas de marihuana en una planta procesadora de chiles propiedad de la familia Monreal Ávila. La instalación, llamada Agroindustrial San Felipe, estaba registrada a nombre de David Monreal —actual gobernador del estado—, de Cándido Monreal, y de María de Jesús Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal.
El operativo militar se realizó en Río Florido, una comunidad rural del municipio de Fresnillo. Ahí, en las instalaciones agrícolas de los Monreal, las fuerzas castrenses encontraron toneladas de marihuana secándose y empaquetándose, además de moldes para embalaje, básculas industriales y semillas de amapola. Junto a la droga, detuvieron a dos hombres armados, quienes confesaron pertenecer al grupo criminal de Los Zetas.
Fue un escándalo nacional. Los Monreal respondieron con rapidez: aseguraron que la bodega había sido rentada y que no tenían conocimiento de lo que ahí sucedía. El entonces senador Ricardo Monreal calificó los hechos como una “guerra sucia” en su contra. La Procuraduría General de la República abrió la averiguación previa PGR/ZAC/128/II/CS/2009. Sin embargo, a pesar del tamaño del decomiso y del vínculo directo con la propiedad familiar, no hubo consignaciones. El caso fue archivado.
Desde hace tres décadas, la familia Monreal ha construido un imperio político en Zacatecas. Ricardo fue gobernador (1998–2004) y ha sido varias veces senador. Su hermano David es el actual gobernador. Otro hermano, Saúl, fue alcalde de Fresnillo y senador en busca de la gubernatura que ocupa su hermano. Otros familiares ocupan cargos en el Congreso local, en dependencias municipales y en organismos públicos, no sólo en el estado sino en varia entidades, pero espacialmente en la Ciudad de México y Aguascalientes donde comparten el cacicazgo con Carlos Lozano de la Torre y manejan maquiavélicamente a todos los partidos.
Este control territorial ha convertido a la familia en un cacicazgo moderno, con vínculos que cruzan líneas partidistas, empresariales y de poder. El dominio de los Monreal sobre Zacatecas no es solo político; es social, económico y simbólico. Cada elección en el estado pasa, directa o indirectamente, por su aval.
Aunque la confiscación de 2009 es el episodio más documentado, hay múltiples versiones que han vinculado a miembros del círculo monrealista con redes criminales. En 2023 y 2024, reportajes independientes y fuentes cercanas a agencias de inteligencia estadounidenses aseguraron que la DEA investiga a varios políticos mexicanos, incluyendo a Ricardo Monreal, por presuntos nexos con el crimen organizado. Sin embargo, no ha habido confirmaciones oficiales ni órdenes judiciales.
La violencia en Fresnillo, territorio histórico de los Monreal, también ha escalado de forma alarmante. En 2024, dos familiares de Ricardo Monreal fueron asesinados: Juan Pérez Guardado, su cuñado, y Jorge Antonio Monreal, su sobrino. Ambos trabajaban en el gobierno local. Las ejecuciones ocurrieron a plena luz del día y en colonias controladas por el narco. El mensaje fue claro: nadie está exento.
Pese a los indicios y denuncias, ninguna investigación ha prosperado. Para muchos zacatecanos, la explicación es simple: los Monreal están blindados. La red de poder tejida durante años, su influencia nacional, y su cercanía con el presidente López Obrador les otorgan una inmunidad de facto.
Pero para otros, la situación es aún más grave. El control total de una familia sobre un estado, con ramificaciones que tocan al narcotráfico, a los cuerpos de seguridad, a los jueces y a los programas sociales, no es solo una anomalía: es el síntoma de un Estado capturado.
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