Por Cuauhtémoc Villegas Durán
Hay algo que Leo Montañez tiene que explicar.
¿Cómo es posible que en el municipio de Aguascalientes existan negocios que operan al margen de la ley y continúen funcionando como si nada?
No hablamos de vendedores escondidos en una esquina.
Hablamos de establecimientos visibles.
De negocios que tienen domicilio.
Que reciben clientes.
Que compran.
Que venden.
Que ocupan predios.
Que generan movimiento todos los días.
Y que, pese a las irregularidades que vecinos y ciudadanos señalan, permanecen abiertos.
El Municipio de Aguascalientes tiene inspectores.
Tiene Reglamentos.
Tiene Desarrollo Urbano.
Tiene Mercados.
Tiene facultades para revisar licencias.
Tiene facultades para verificar usos de suelo.
Tiene facultades para clausurar.
Tiene facultades para sancionar.
Incluso presume públicamente cientos de miles de visitas de verificación y miles de operativos contra establecimientos comerciales.
Entonces la pregunta no es si puede actuar.
La pregunta es por qué con algunos no actúa.
Leo Montañez es el presidente municipal.
Y no puede argumentar desconocimiento cuando existen negocios que llevan tiempo funcionando frente a los ojos de todos.
Ahí están los chatarreros.
Negocios cuya operación debe revisarse de arriba abajo.
¿Tienen licencia?
¿El uso de suelo corresponde realmente a la actividad que realizan?
¿Cumplen las normas ambientales?
¿Pueden almacenar todo lo que almacenan?
¿De dónde proviene lo que compran?
¿Quién inspecciona esos establecimientos?
¿Cuántas veces los ha visitado Reglamentos?
¿Cuántas actas existen?
¿Cuántas sanciones?
¿Cuántas clausuras?
Porque a un pequeño comerciante el Municipio puede exigirle hasta el último papel.
Una licencia.
Un permiso.
Un pago.
Un anuncio.
Un horario.
Un uso de suelo.
Un requisito ambiental.
Y si falta uno, aparece inmediatamente el inspector.
Pero alrededor de ciertos negocios parece existir una extraña ceguera administrativa.
No ven.
No escuchan.
No clausuran.
No preguntan.
Y cuando una autoridad deja de aplicar la ley de la misma manera para todos, deja de existir simplemente una irregularidad comercial.
Aparece la protección.
O, por lo menos, la sospecha legítima de protección.
En este caso además existe un contexto mucho más grave.
He venido señalando públicamente a personas relacionadas con venta de droga, despojo de propiedades y actividades que deben ser investigadas por sus posibles vínculos con el crimen organizado.
He contado el caso de Don Jorge, a quien denuncié por venta de droga.
La autoridad intervino.
Aseguraron la tienda.
Pero Don Jorge escapó.
Y ahora alrededor de los mismos círculos aparecen chatarreros y negocios cuya operación merece ser revisada.
Entonces las preguntas comienzan a juntarse.
¿Por qué unos pueden operar así?
¿Por qué nadie los toca?
¿Por qué permanecen abiertos?
¿Por qué no aparecen las mismas inspecciones que caen sobre cualquier otro comerciante?
¿Quién los protege?
¿Quién ordena no molestarlos?
¿O debemos creer que todas las dependencias municipales simplemente no los han visto?
Eso sería todavía peor.
Porque significaría que tenemos un gobierno municipal capaz de perseguir una lona mal colocada, un anuncio sin permiso o un comerciante que ocupa unos centímetros de más en la vía pública, pero incapaz de observar negocios que operan frente a sus propias narices.
Leo Montañez suele hablar de facilitar la inversión y de generar condiciones para que los negocios trabajen y crezcan.
Está bien.
Pero facilitar la inversión no significa facilitar la ilegalidad.
Gobernar no consiste únicamente en cortar listones y entregar apoyos.
También significa aplicar reglamentos.
Revisar establecimientos.
Clausurar cuando corresponde.
Y garantizar que ningún negocio tenga privilegios sobre otro.
El propio reglamento municipal establece que los establecimientos comerciales deben cumplir requisitos para funcionar, incluidos permisos ambientales y licencias correspondientes.
Entonces que no nos digan que no existen herramientas.
Existen.
Lo que hace falta explicar es por qué aparentemente no se utilizan siempre.
Y ésa es responsabilidad política de Leo Montañez.
Porque cuando los inspectores actúan contra unos y permanecen ciegos ante otros, el problema ya llegó hasta el presidente municipal.
Si estos chatarreros cumplen absolutamente con todos los permisos, que el Municipio lo demuestre.
Que exhiba las licencias.
Que informe el uso de suelo.
Que diga cuándo fueron inspeccionados.
Que explique qué actividades tienen autorizadas.
Que informe si han sido sancionados.
Y si trabajan fuera de la ley, entonces que explique por qué continúan abiertos.
No hay muchas alternativas.
O cumplen.
O no cumplen.
Y si no cumplen y continúan funcionando, alguien los está dejando trabajar.
Ése es el punto.
Porque el crimen organizado no vive solamente de la droga.
También necesita negocios.
Terrenos.
Bodegas.
Talleres.
Comercios.
Lugares donde mover mercancías.
Lugares donde esconderlas.
Lugares donde convertir lo ilegal en aparentemente cotidiano.
Por eso ningún gobierno responsable puede darse el lujo de mirar hacia otro lado ante negocios irregulares, particularmente cuando alrededor existen señalamientos mucho más graves.
No estoy diciendo que cada chatarrería sea criminal.
Estoy diciendo que las que han sido señaladas deben ser investigadas y revisadas hasta el último permiso.
Y que el gobierno de Leo Montañez tiene la obligación de hacerlo.
Porque si un establecimiento trabaja fuera de la ley y la autoridad lo sabe, ya no estamos solamente ante un negocio irregular.
Estamos ante una autoridad permisiva.
Y cuando esa permisividad termina favoreciendo a personas relacionadas con entornos donde aparecen droga, despojos y posibles vínculos con el CJNG, la omisión adquiere otra dimensión.
Leo Montañez debe responder.
¿Por qué esos negocios siguen abiertos?
¿Por qué no han sido clausurados si incumplen?
¿Quién los ha inspeccionado?
¿Qué encontraron?
¿Quién decidió dejarlos funcionar?
Porque en Aguascalientes la ley no puede existir solamente para el comerciante pequeño y desaparecer cuando enfrente aparece alguien poderoso.
Si el Municipio realmente gobierna, que gobierne.
Si realmente inspecciona, que inspeccione.
Y si realmente nadie está protegido, que lo demuestre.
Mientras tanto, queda una pregunta demasiado sencilla para que Leo Montañez pueda esconderse detrás de un boletín:
¿por qué el Municipio de Aguascalientes permite que haya negocios al margen de la ley?
Y todavía una más incómoda:
¿a quién beneficia que permanezc
