​EL OASIS DE LA MANO DURA: AGUASCALIENTES Y EL CONTROVERTIDO IMÁN DE LAS DERECHAS GLOBALES

​Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

​I. EL REPETIDOR DE LA HISTORIA: “AGUASCALIENTES LO VUELVE A HACER”

​Hay un patrón inequívoco en la forma en que el bloque político que gobierna Aguascalientes busca legitimidad y reflectores más allá de sus fronteras territoriales. No es una coincidencia, es una estrategia de marketing geopolítico perfectamente calculada. La reciente gira de trabajo que el senador panista Toño Martín del Campo realizó por la República de El Salvador los pasados 1 y 2 de julio de 2026, no fue un viaje de turismo legislativo ni una simple escala técnica para retratarse frente a los muros del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El verdadero golpe de timón se fraguó en las oficinas de San Salvador y se operó con velocidad quirúrgica en el plano local: la confirmación de una visita oficial a Aguascalientes por parte de la plana mayor del bukelismo, encabezada por el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, y el jefe de la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara.

​Para la memoria periodística local, este escenario activa de inmediato un déjà vu ideológico. No es la primera vez que el panismo hidrocálido decide abrir las puertas del estado y tender la alfombra roja a los perfiles más estridentes, polarizantes y taquilleros de la derecha internacional.

​El antecedente más nítido y costoso en términos de debate público fue la visita de Isabel Díaz Ayuso, la controvertida presidenta de la Comunidad de Madrid y figura estelar del Partido Popular (PP) español. En aquella ocasión, la narrativa oficialista local justificó el encuentro bajo las banderas de la “libertad”, el éxito económico y el hermanamiento institucional frente al avance de los modelos progresistas en América Latina. El resultado real fue la colocación de Aguascalientes en el mapa de la polarización global: para unos, el estado se consolidaba como un bastión de resistencia civilizada; para otros, se convertía en un laboratorio experimental y una pasarela complaciente para la ultraderecha europea.

​Hoy, la historia se repite con un libreto modificado pero la misma esencia. Si con la lideresa madrileña se importaba la marca del “capitalismo sin complejos y la libertad individual”, con la comitiva salvadoreña se busca importar la marca de la “eficacia punitiva y el orden a cualquier precio”. Ante el vacío de liderazgos claros y narrativas potentes que padece la oposición a nivel nacional en México, el grupo político local ha decidido voltear al exterior para encontrar los referentes que le permitan articular un discurso de confrontación total. Aguascalientes, un estado que paradójicamente goza de condiciones de seguridad diametralmente superiores a las de sus vecinos geográficos como Zacatecas o Jalisco, ha decidido convertirse en el principal aparador de la mano dura centroamericana.

​II. LA RADIOGRAFÍA DE FÉLIX ULLOA: EL ABOGADO DEL DIABLO Y SUS CONTRADICCIONES

​Para dimensionar el calibre de la visita que recibirá la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Alma Hilda Medina, es indispensable desmenuzar la identidad y el trayecto del personaje central. Félix Ulloa no es un cuadro militar, no es un jefe policiaco curtido en el combate urbano, ni un burócrata de la seguridad pública. Ulloa es, por definición, el cerebro jurídico del régimen de Nayib Bukele; el hombre que le ha dado andamiaje legal, justificación constitucional y narrativa diplomática a un modelo que camina sobre la delgada línea que separa la pacificación nacional del autoritarismo puro.

​Sin embargo, el perfil de Ulloa encierra una paradoja ideológica que raya en el cinismo histórico y que debería incomodar a los sectores más tradicionales de la derecha mexicana que hoy lo esperan con ansias. Nacido en 1951, el hoy vicepresidente salvadoreño es hijo de Félix Ulloa padre, conocido históricamente en Centroamérica como el “Rector Mártir” de la Universidad de El Salvador, un académico de izquierda asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte de la ultraderecha paramilitar en los albores de la sangrienta guerra civil de ese país.

​Lejos de los altares de la derecha corporativa, la juventud de Félix Ulloa hijo transcurrió en las filas del activismo estudiantil de izquierda, el liderazgo sindical y la militancia en partidos vinculados a la Internacional Socialista. Durante los años más duros de la dictadura militar salvadoreña, Ulloa se desempeñó como abogado defensor de presos políticos y opositores al régimen. Es decir, el hombre que hoy justifica el encierro masivo de ciudadanos sin orden judicial comenzó su carrera en los tribunales defendiendo las garantías individuales de los perseguidos por el Estado.

​Con el paso de las décadas, Ulloa se refinó académicamente: obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se consolidó como consultor internacional en materia electoral para organismos como la ONU y el Centro Carter. Su pragmatismo político lo llevó a construir una alianza con un joven y disruptivo Nayib Bukele de cara a la campaña presidencial de 2019. Bukele, un líder que prefiere gobernar a través de la inmediatez de TikTok y las transmisiones de video, necesitaba un sastre constitucional experimentado que pudiera confeccionarle a la medida las reformas necesarias para consolidar su poder. Ulloa asumió ese rol sin titubeos.

​A él se le atribuye la compleja ingeniería jurídica que permitió saltarse los candados de la Constitución salvadoreña —que prohibía explícitamente la reelección presidencial en múltiples artículos— para legitimar la permanencia de Bukele en el poder. Él ha sido el encargado de redactar y defender la prolongación indefinida del “Régimen de Excepción”, la realización de juicios masivos donde se dictan sentencias colectivas a grupos de hasta 900 personas simultáneamente sin derecho a una defensa individualizada, y las reformas penales que permiten procesar como adultos a menores desde los 12 años de edad.

​Cuando la comunidad internacional, la CIDH o Human Rights Watch presionan al gobierno de El Salvador por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las muertes de civiles inocentes dentro del CECOT, Bukele no responde con tecnicismos legales; manda a Félix Ulloa. El vicepresidente es el rostro ilustrado que acude a las universidades norteamericanas y a los foros europeos a justificar el atropello legal bajo la lapidaria premisa de que “en toda guerra hay víctimas inocentes”. Es el embajador de la mano dura, encargado de limpiar la sangre del proceso para vender únicamente el producto terminado: las calles seguras. El chiste se cuenta solo: el panismo tradicional de Aguascalientes se alista para rendir honores en su máxima tribuna a un viejo cuadro de la izquierda socialista reconvertido en el arquitecto legal del autoritarismo moderno.

​III. EL CHOQUE CONSTITUCIONAL: LA QUIMERA DE REPLICAR EL MODELO EN MÉXICO

​Más allá de la estridencia mediática y la retórica de las “mesas de trabajo” que se instalarán en el Congreso local para analizar el “Plan Control Territorial”, existe una realidad técnica insalvable que los promotores de la visita omiten de manera deliberada: el modelo salvadoreño es jurídica y estructuralmente inaplicable en el marco constitucional mexicano. Lo que Félix Ulloa viene a exponer no es un catálogo de reformas ejecutables para un estado como Aguascalientes, sino una quimera legal que choca de frente con el pacto federal.

​Para entender la inviabilidad del proyecto, es necesario contrastar la ingeniería jurídica de ambos países bajo tres candados constitucionales que hacen imposible su réplica local:

El primer gran obstáculo es la distribución de competencias en el sistema federal mexicano. El Congreso del Estado de Aguascalientes carece de la competencia jurídica para legislar en materia procesal penal. Desde la reforma de 2013, existe un Código Nacional de Procedimientos Penales único para todo el país; los diputados locales no pueden modificar los requisitos para dictar una orden de aprehensión, ni extender los plazos de la detención en flagrancia, ni mucho menos decretar un estado de excepción o la suspensión de garantías individuales. Esta última es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo Federal, bajo los estrictos y vigilados términos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

​El segundo candado es el corazón del Sistema Penal Acusatorio mexicano. La estrategia que Ulloa operó en El Salvador se basa en la anulación del debido proceso: se elimina el derecho a la defensa técnica inmediata, se permite la reserva de identidad de los jueces (jueces sin rostro) y se realizan detenciones masivas basadas únicamente en perfiles estéticos o sospechas de vinculación territorial. En México, cualquier intento de implementar estas medidas sería frenado de inmediato por el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo, ya que violaría flagrantemente los principios de presunción de inocencia, contradicción e inmediación consagrados en el Artículo 20 constitucional.

​Finalmente, está el factor del bloque de convencionalidad. México está plenamente integrado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana (Corte IDH). Mientras que el gobierno de Bukele ha optado por el aislamiento diplomático y el desacato abierto a las medidas cautelares internacionales, el Estado mexicano está obligado por el Artículo 1º constitucional a interpretar todas sus leyes de conformidad con los tratados internacionales. Cualquier ley local que intentara simular las condiciones de confinamiento o los procesos sumarios del modelo salvadoreño sería declarada inconstitucional e inconvencional de forma casi inmediata.

​Por lo tanto, el discurso del senador Toño Martín del Campo sobre “preparar un bloque de iniciativas de seguridad” basado en su viaje a El Salvador debe ser tomado con reservas estrictamente electorales. Lo único que el Congreso local podría extraer de estas mesas de trabajo son aspectos marginales y tecnológicos: optimización de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, cruce de bases de datos para inteligencia policial y el endurecimiento de penas administrativas o códigos urbanos. El núcleo duro del bukelismo —la suspensión del derecho a defenderse en un juicio justo— no pasará por la aduana de la Constitución Mexicana.

​IV. EL CÁLCULO POLÍTICO: CAPITALIZACIÓN ELECTORAL Y LA POLARIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

​Si el modelo es inaplicable en los hechos, ¿cuál es el verdadero motivo de montar esta costosa pasarela internacional en el Congreso de Aguascalientes? La respuesta se encuentra enteramente en el terreno de la rentabilidad política y la construcción de narrativas de cara a los procesos electorales del futuro próximo. La traída de Félix Ulloa es un calculado golpe de timón mediático operado por el ala más dura del panismo en la región del Bajío.

​En el contexto nacional, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una estrategia de seguridad pública que, aunque bajo constante fuego crítico por parte de la oposición, se enfoca formalmente en la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia financiera, la coordinación interestatal y la atención a las causas estructurales de la violencia. Ante esta postura, que los sectores conservadores califican despectivamente como una continuidad de la inacción, el panismo de Aguascalientes ha decidido levantar la bandera de la confrontación total y el punitivismo extremo. Traer al vicepresidente de El Salvador es una forma de decirle al electorado nacional: “Mientras la federación dialoga, nosotros nos asesoramos con los que meten a los criminales a la cárcel”.

​Para el senador Toño Martín del Campo, este movimiento representa un posicionamiento estratégico de primer nivel. Al ser el artífice de la gira en San Salvador y el coordinador de la visita de la comitiva presidencial salvadoreña, se desmarca de la burocracia partidista tradicional y se coloca en los reflectores nacionales como un político de acción, dispuesto a buscar soluciones drásticas en la “zona cero” de la seguridad centroamericana. Aguascalientes es utilizado así como un escenario para proyectar ambiciones que rebasan por mucho el ámbito local.

​Sin embargo, esta estrategia de marketing político conlleva riesgos institucionales profundos que la Mesa Directiva del Congreso, bajo la conducción de la diputada Alma Hilda Medina, parece ignorar en su afán de protagonismo. Al sentar a Félix Ulloa en la tribuna y validar oficialmente el régimen de excepción salvadoreño, el Poder Legislativo de Aguascalientes se convierte en cómplice discursivo de un modelo ampliamente documentado por la tortura, las desapariciones forzadas a manos del Estado y el encarcelamiento de miles de disidentes políticos y periodistas críticos bajo falsas acusaciones de terrorismo. El costo de esta validación se pagará en términos de reputación internacional y abrirá un flanco de crítica legítima por parte de las organizaciones civiles locales y los defensores de derechos humanos.

​V. CONCLUSIÓN: EL LABORATORIO DISRUPTIVO DEL BAJÍO

​La inminente llegada de Félix Ulloa y Christian Guevara al Congreso del Estado de Aguascalientes debe leerse en dos pistas paralelas que raras veces se cruzan: la pista de la ilusión institucional y la pista de la realidad política. En la pista institucional, las mesas de trabajo y los foros legislativos producirán discursos encendidos, promesas de convenios de colaboración y un compendio de propuestas que, en su gran mayoría, terminarán archivadas en las comisiones debido a su evidente inconstitucionalidad en territorio mexicano. El intercambio técnico se reducirá a la adopción de herramientas tecnológicas de control territorial que bien podrían haberse adquirido sin necesidad de comprometer la postura ideológica del estado.

​En la pista política, sin embargo, el impacto será inmediato y duradero. Al igual que sucedió con la visita de Isabel Díaz Ayuso, Aguascalientes reafirma su condición de laboratorio y santuario para las expresiones más disruptivas, polarizantes y firmes de la derecha global. El estado se consolida como un territorio donde la marca de la “mano dura” se cultiva no por una necesidad urgente de supervivencia —dadas sus condiciones actuales de paz relativa— sino como un blindaje ideológico y electoral frente al proyecto político de la federación.

​Corresponderá a la sociedad civil organizada, al periodismo crítico y a las fuerzas políticas de oposición local vigilar que esta pasarela internacional no desdibuje los límites de la legalidad mexicana. El anhelo ciudadano de orden y seguridad es legítimo y urgente en un país ensangrentado; pero importar las fórmulas del autoritarismo legalizado bajo el ropaje de la asesoría diplomática es un juego peligroso. En su afán por imitar el espejo de Bukele, los legisladores de Aguascalientes corren el riesgo de olvidar que la verdadera fortaleza de una democracia no se mide por el tamaño de sus cárceles, sino por la inquebrantable vigencia de sus leyes y el respeto absoluto a la dignidad humana.