Opinión

El fascismo tercermundista y retrógrado del senador de marras

AJO BLANCO

La Megacárcel de Toño: Copiar el fascismo de la periferia

A falta de ideas propias, buenos son los espejos ajenos, aunque estén sumamente distorsionados. El viaje del senador panista Juan Antonio “Toño” Martín del Campo a El Salvador no es más que la radiografía de una profunda sequía de propuestas en materia de seguridad. Ante la incapacidad de diseñar un proyecto integral, serio y adaptado a la compleja realidad de México y, específicamente, de Aguascalientes, el legislador ha optado por la salida más fácil y efectista: importar la propaganda de la mano dura.

La paz que ha logrado imponer la gobernadora Maria Teresa Jiménez Esquivel con el apoyo de la Federación, aunque tardía no justifica un proyecto tan aberrante, estúpido, absurdo y no se diga, peligroso para todos. Una idea perversa y ruin con el único afán de ganar votos y en campaña pagada por el Senado.

Vender la idea de replicar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —la joya de la corona del régimen de Nayib Bukele— es, de entrada, una humillación discursiva para nuestro propio contexto. Resulta una contradicción brutal que un estado como Aguascalientes, que presume desarrollo, vanguardia industrial y modernidad, busque inspiración institucional en un país con una escala geográfica, poblacional y criminal históricamente más pequeña y centralizada. Pretender que la solución a los males de la región es imitar a un país con menores recursos e instituciones más endebles que las mexicanas revela un preocupante complejo de inferioridad técnica.

Pero el fondo es aún más turbio. Lo que Toño Martín del Campo disfraza de “análisis de adaptabilidad” y de combate a los “narcopolíticos” es, en realidad, la fascinación por un modelo fascista del Tercer Mundo. El milagro salvadoreño que tanto le encandila se sostiene sobre los pilares del autoritarismo: un estado de excepción permanente, la suspensión sistemática de las garantías constitucionales, detenciones arbitrarias masivas y la anulación del debido proceso.

Trasladar ese esquema al marco constitucional mexicano no solo es inviable legalmente sin desmantelar por completo el sistema de justicia; es un retroceso civilizatorio. Cuando la única oferta de seguridad de la oposición es la copia al carbón del populismo penal punitivo de la periferia, queda claro que no estamos ante una estrategia de Estado, sino ante una burda bandera electoral. Aguascalientes merece inteligencia institucional, no un turismo político que pretenda importar los peores vicios del autoritarismo centroamericano como si fueran soluciones de primer nivel.

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