Por: Cuauhtémoc Villegas Durán/Data2
En una declaración que ha cimbrado las estructuras de los colectivos de búsqueda y que redefine la postura oficial ante la crisis humanitaria más grave de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que una parte considerable de los 133 mil registros de personas desaparecidas en el país corresponden a ciudadanos que ya se encuentran en sus hogares, pero cuyos casos no han sido dados de baja por fallas administrativas.
Esta postura fue profundizada durante una entrevista concedida a la periodista Inna Afinogenova, para la plataforma Canal Red. Afinogenova, conocida por su estilo directo y su pasado en medios internacionales, cuestionó a la mandataria sobre la cifra récord de desapariciones que heredó la presente administración.
En la charla, Sheinbaum defendió la metodología del “Nuevo Censo de Búsqueda”, una estrategia que inició en la recta final del gobierno anterior y que ella ha formalizado. Según la mandataria, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) está “saturado” de nombres que, tras cruces de bases de datos de vacunación, programas sociales y trámites ante el INE, muestran “señales de vida”.
“Estamos haciendo un trabajo casa por casa. Lo que hemos encontrado es que muchos de esos números que se manejan políticamente corresponden a personas que ya regresaron con sus familias, pero que la autoridad nunca registró su retorno”, afirmó Sheinbaum, enviando un mensaje de “depuración” administrativa sobre la tragedia forense.
La profundidad del tema radica en la técnica. El gobierno federal está utilizando un software de cruce de datos masivos para identificar si un “desaparecido” ha realizado algún movimiento burocrático. Si el sistema detecta actividad, se envía a servidores públicos (a veces acompañados por la policía) a los domicilios registrados.
Sin embargo, para los colectivos de Jalisco, Sonora y Veracruz, esta estrategia es vista como un “maquillaje de cifras”. Las madres buscadoras argumentan que:
Mientras la narrativa oficial se enfoca en “limpiar la lista” de los 133 mil, la realidad en las morgues del país cuenta otra historia. Existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Expertos señalan que si el gobierno realmente quisiera encontrar a los desaparecidos, la prioridad debería ser la identificación humana masiva y no solo la depuración de una base de datos digital.
En estados como Jalisco, la crisis es doble: es la entidad con más desaparecidos y, al mismo tiempo, una de las que presenta mayor resistencia para compartir sus datos genéticos con el Banco Nacional de Datos Forenses.
La declaración de Sheinbaum marca una hoja de ruta clara para su sexenio: la gestión estadística de la crisis. Al reducir la cifra de 133 mil a través de auditorías administrativas, el gobierno busca mitigar el costo político de la violencia.
Para el periodismo de investigación, el reto ahora es fiscalizar esos “retornos”. ¿Dónde están esas familias que regresaron? ¿Por qué no hay testimonios masivos de estas localizaciones administrativas? La narrativa oficial choca frontalmente con el silencio de las fosas clandestinas que siguen apareciendo cada semana en el bajío y el occidente del país.
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