



Por dónde empezar/Omar Garfias/Ríodoce
El IMSS reporta que se perdieron 13 mil 733 empleos formales, comparando los registrados en esa institución en julio de 2024 con los de julio de 2025. En diez de los últimos once meses ha sucedido lo mismo, destrucción de plazas laborales. No es un hecho aislado, es una tendencia sostenida, un problema permanente.
¿Por qué el gobierno no implementa un programa de empleo temporal para que esas familias tengan ingresos para aliviar su problema, lo que, además de necesario, es operativamente fácil de realizar porque tiene disponibles sus nombres y ubicación?
La Unión de Comerciantes de Culiacán reportó, el 28 de junio pasado, que algunos de sus ex empleados se han integrado al crimen organizado como opción al perder su trabajo. Mencionaron que han identificado cinco casos de entre los detenidos presentados a los medios de comunicación.
La tragedia de perder el empleo, la libertad y, probablemente, hasta la vida.
¿Por qué el gobierno no desarrolla un programa de reincorporación, bolsa de trabajo especial y autoempleo que ofrezca alternativas a los jóvenes que pierden su fuente de ingresos por esta crisis de inseguridad y están en situación de mayor vulnerabilidad para involucrarse con la delincuencia?
¿Por qué no entrega las becas laborales a estos jóvenes para que se mantengan en su empleo en lugar de entregárselas a los familiares de los operadores morenistas a cambio de que formen los comités seccionales de ese partido?
El reciente 7 de julio, el representante de Nacional Financiera en Sinaloa expresó que, para sobrevivir ante la baja de ventas, las empresas locales han tenido que endeudarse. “La demanda (de préstamos) ha aumentado entre un 20 y 40 por ciento en los últimos meses. Es natural en momentos de incertidumbre”, precisó.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolívar, en febrero de este año expuso un diagnóstico de disminución de hasta 60 por ciento en las ventas de los negocios de Sinaloa y de cierre de empresas. Carranza aseguró que la causa es: “la violencia que azota a la entidad” y sostuvo que “aunque todavía no hay un incremento ‘sustancial’ en la cartera vencida, esto indiscutiblemente va a llegar”.
En el caso del sector agropecuario, Eduardo Osuna, director general de BBVA México, indicó que el saldo de la cartera vencida creció 41 por ciento entre junio de 2024 y febrero de 2025.
¿Por qué el gobierno no ha buscado con Nacional Financiera, con la banca de desarrollo, que haya un programa de apoyo para las micros y pequeñas empresas y que la banca privada refuerce sus programas de reestructuras y de atención a sus clientes en el estado, como lo propuso el propio presidente de la ABM? ¿Por qué no les importa, no han construido una solución para la crisis financiera del sector agropecuario sinaloense?
El pasado 10 de junio la Secretaría de Economía federal informó que Sinaloa registró su nivel histórico más bajo de Inversión Extranjera Directa desde 1999. Solo 17 millones de dólares, lo que representa, además, una caída de 85 por ciento con relación al mismo trimestre del 2024.
¿Por qué el gobierno no realiza un plan integral que remedie la falta de inversión en lugar de sacar decenas de anuncios cuando casual y esporádicamente se acerca una empresa? ¿Por qué no ha elaborado junto con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) un plan de recuperación económica en lugar de fingir que no ha pasado nada en estos once meses?
La única reacción especial del gobierno ante los impactos económicos de la crisis de inseguridad fue la entrega de 5 mil o 20 mil pesos y el no cobro del derecho de piso a, dijo, pequeños empresarios. Sin embargo, Brenda Beltrán, presidenta de la Unión de Comerciantes de Tianguis Los Huizaches A.C. señaló que “existen alrededor de otros 200 a 400 tianguistas a quienes el pago nunca les llegó”.
Laura Quevedo, líder de la unión de vendedores ambulantes de Culiacán, mencionó a Ríodoce que no solo algunos de los vendedores no recibieron el pago de los 5 mil pesos, sino que, además, se les prometió otro apoyo por parte del gobierno estatal. Les pidieron papeles, pero nunca recibieron nada. “Ya tenemos como cuatro meses y no nos ha dado nada, es más lo que gastamos en documentos, en papelerías, casi gastamos 200 pesos por cada compañero y hasta ahorita no nos han dado nada”.
El diario Noroeste exhibió que sin cumplir los requisitos fueron beneficiados ex regidores, funcionarios del estado, así como familiares de funcionarios públicos en Escuinapa.
¿Por qué el gobierno no maneja honesta, eficiente y transparentemente, sobre todo los recursos que debieran llegar a las víctimas de los problemas que las propias autoridades generan al no garantizar la seguridad pública?
Las respuestas van en el sentido de que el poder en Sinaloa lo ocupa una casta; un grupo pequeño hermanado por lazos de parentesco, rodeado de incondicionales que soportan humillaciones públicas; casta que encamina el presupuesto hacia obras públicas y adquisiciones que les significan una ganancia; que no se ocupa de los graves problemas de desempleo, crisis económica y cierre de empresas; que no ha dado resultados en ninguna materia de gobierno y que hace política con base en campañas publicitarias y amenazas a las voces disidentes.
El gobierno no ha actuado ni en forma rápida, ni honesta, ni con decisión. Ha evadido la responsabilidad de la solución. No ha mostrado que se conduzca con valores sociales y éticos. No ha respondido a la crisis económica y de seguridad pensando en las víctimas sino con acciones de propaganda y censura.
Una casta ambiciosa, insensible, ineficiente y autoritaria.
Artículo publicado el 10 de agosto de 2025 en la edición 1176 del semanario Ríodoce.