Funcionario de SIPDU, acusado de despojo de tierras en Tepeapulco

Un centenar de campesinos acusaron a funcionario de intentar apropiarse de 155 hectáreas de tierras nacionales en Tepeapulco, Hidalgo.

En Tepeapulco, Hidalgo, los campesinos señalaron al funcionario, quien es nieto del exgobernador Sánchez Vite de pretender despojarlos de 155 hectáreas de tierra.

Juan Ricardo Montoya/Los Ángeles Press

Cerca de un centenar de campesinos de la localidad de Irolo, del municipio de Tepeapulco, se manifestaron la mañana de este lunes, primero en oficinas de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano (SIPDU) estatal y luego frente al Palacio de Gobierno de Hidalgo, para denunciar un presunto intento de despojo de 155 hectáreas de tierra de cultivo.

Jorge Jiménez Carmona, representante de los labriegos, señaló directamente a Alejandro Sánchez García, titular de la SIPDU y nieto del ya fallecido exgobernador de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite —cuyo mandato fue de 1969 a 1975— de “meter las manos” en un conflicto agrario en el que están involucrados sus familiares.

Dijo que, de manera ilegal, con escrituras apócrifas se apoderaron de un polígono de tierra de 155 hectáreas perteneciente al Rancho San Javier, también conocido como Irolo, y las cuales están tipificadas como “terrenos nacionales”.

Explicó que desde hace 25 años, un grupo de 38 familias de labriegos de la Asociación Nacional de Colonos y Campesinos (ANCC) comenzaron a cultivar las tierras.

En 2015 tramitaron una solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal para que ese polígono de tierra, propiedad de la nación, se les entregara y escriturara, para tener la posesión legal.

En 2018, María Estela Ríos, quien era Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Sedatu, fue la encargada de averiguar si eran terrenos nacionales o si los predios pertenecían a alguna persona.

Según los campesinos, durante el proceso de revisión del estatus legal de los terrenos que solicitaron les fueran entregados por la Sedatu, familiares de Sánchez Vite —entre ellos Alejandro Sánchez García (quien además era apoderado legal de la empresa Gerdau Corsa S.A. de C.V.) y Gloria Sánchez Jiménez— presentaron diversos documentos, entre ellos el testamento del exgobernador, donde dice que los terrenos eran de su propiedad, ya que supuestamente se los habían dado en “donación”, sin que se especificara quién se los había entregado ni si el supuesto donador había acreditado ser el dueño original.

Tras revisar los documentos presentados por los familiares de Sánchez Vite y la empresa Gerdau Corsa S.A. de C.V., Estela Ríos dictaminó el 19 de diciembre de 2018 que no tenían validez, por lo que informó que los predios seguían bajo dominio de la nación y determinó dar luz verde a la solicitud de los 38 campesinos para que se les escriturara.

“Por los motivos y consideraciones vertidos en el presente acuerdo, se resuelven improcedentes las inconformidades presentadas en fecha 16 de abril de 2018, interpuestas por Gerdau Corsa S.A. de C.V., por conducto de su representante legal; escrito del 16 de abril de 2018 presentado por Alejandro Sánchez García y Arturo Rafael Sánchez Zavala, el primero con el carácter de apoderado legal de Arturo Sánchez Jiménez”.

Lo mismo ocurrió con las impugnaciones de Gloria Sánchez Jiménez y otras personas que aseguraban ser propietarios de los terrenos que forman el polígono de 155 hectáreas.

Posteriormente, Alejandro Sánchez García y sus familiares acudieron a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la misma Sedatu para que se revisara el dictamen de Estela Ríos.

Sin embargo, David Ricardo Cervantes Peredo, titular de esa Subsecretaría, confirmó el acuerdo emitido por Estela Ríos bajo los mismos argumentos, por lo que se ordenó que continuara el procedimiento de declaratoria de terrenos nacionales al predio denominado Irolo.

Jorge Jiménez Carmona explicó que el Tribunal Agrario (TA) no tiene la facultad para invalidar el resolutivo de Estela Ríos; sin embargo, los herederos de Sánchez Vite, en particular Alejandro Sánchez García, acudieron a esa instancia para “impugnar”.

Luego de cinco años de analizar el caso, el TA, el pasado mes de enero, se declaró incompetente.

“Alejandro Sánchez sabía que el Tribunal Agrario se iba a declarar incompetente, pero que para eso se iban a tardar mucho tiempo”, dijo uno de los labriegos que se manifestaron la mañana de este lunes.

Tanto Jorge Jiménez Carmona como los otros campesinos señalaron que Alejandro Sánchez García y su familia aprovecharon el tiempo en que el Tribunal Agrario tardó en declararse sin competencia para vender parte del predio con documentos apócrifos.

De acuerdo con los campesinos, vendieron 30 hectáreas a la empresa Reyma, cuyos obreros sacaron por la fuerza a los campesinos de las tierras de cultivo.

Incluso, según Jorge Jiménez, la empresa construyó en el polígono que adquirieron infraestructura subterránea.

A pesar de que en los resolutivos de Sedatu se deja en claro que se trata de terrenos nacionales, y de que hay un procedimiento para entregárselos en propiedad a las 38 familias de campesinos, Jiménez Carmona y los otros labriegos señalaron que Alejandro Sánchez, aprovechando su cargo, ha logrado atrasar que se haga efectivo el dictamen que se emitió a su favor.

Además, los labriegos aseguraron que, con el fin de intimidar a su dirigente, Alejandro Sánchez y sus familiares han iniciado denuncias de delitos inventados contra Jorge Jiménez, para intimidarlo y tratar de meterlo a la cárcel para que deje la lucha.

Entre ellos, por los delitos de invasión de las tierras que, de acuerdo con Sedatu, son nacionales.

Por eso, pidieron la intervención del gobierno del estado, para que conmine a Alejandro Sánchez a ya no involucrarse en el asunto, y a no hacer uso de su cargo público para tratar de “apropiarse de terrenos que no le pertenecen y los cuales nunca ha trabajado”.

Advirtieron que van a realizar movilizaciones de protesta en los próximos días y, de ser necesario, tomar la SIPDU.

Durante la manifestación frente al Palacio de Gobierno, una comisión de los manifestantes fue recibida por funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno para escuchar sus reclamos.