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Homicidios y militares, las cuentas no salen

Cortesía: Los Ángeles Press

México ha aumentado el número de militares en servicio, incluso les ha asignado tareas de seguridad pública, pero el índice de homicidios sigue al alza.

Investigaciones

Rodolfo Soriano-NúñezViernes, 09 Junio, 2023

Homicidios y militares, las cuentas no salen
Policía Militar resguarda una instalación eléctrica en La Paz, Bolivia, 31 de diciembre de 2012
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No hay evidencia en América Latina de que un mayor número de militares contribuya a reducir los homicidios

Otros Datos: En otros países considerados en esta comparación tampoco es posible demostrar que un mayor número de militares ayude a mejorar la seguridad pública.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Una de las razones por las que ya desde el gobierno de José López Portillo se justificó el uso de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico es porque, se les ve como un recurso útil para ayudar sino es que suplir de plano a las policías. La versión mexicana de la Operación Cóndor desplegó durante ese sexenio un número no determinado de efectivos en la Sierra Madre Occidental, en la confluencia de las fronteras de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango (ver la serie que Luis Astorga publicó en Nexos a finales de la década pasada. También el texto El narcotráfico en Los Altos de Sinaloa, 1940-1970, publicado por la Universidad Veracruzana, entre otros muchos).

Basta ver, además del caso de México, los llamados que se hicieron a principios de este año para involucrar al ejército argentino en la lucha contra el crimen organizado, luego de que un supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi, el astro del futbol de la selección nacional de futbol de ese país, se convirtió en blanco de un ataque en la ciudad de Rosario.

Ejemplos como ese hay muchos. Ni siquiera es necesario que sean bandas de criminales organizados como los cárteles mexicanos. En Perú, ahora mismo, uno de los debates clave de la vida pública en ese país es el de qué tan pertinente fue usar a las fuerzas armadas para contener y reprimir las manifestaciones que ocurrieron luego de la crisis política que llevó a Dina Boluarte a ser presidenta de ese país y que motivó una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la publicación de un reporte que cuestiona las decisiones tomadas por Boluarte y las fuerzas armadas.

Como cuando se considera el asunto del número “ideal” de policías por cada 100 mil habitantes, es muy difícil encontrar evidencia que sustente las decisiones que toman los políticos respecto del uso de las fuerzas armadas para suplir o complementar a las policías. Es imposible dar con manuales, de la Organización de Naciones Unidas o de algún otro organismo multilateral, que recomienden algo parecido a mínimos o máximos de jueces o policías. Tampoco los hay que determinen si un mayor número de efectivos de las fuerzas armadas se traducirá en una reducción en la violencia.

Homicidios y policías, una relación complicada

Con voz propia

Homicidios y policías, una relación complicada

En esta entrega de esta serie Otros Datos, se responde a la pregunta de si un mayor número de efectivos militares reduce la violencia como la mide la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La respuesta es que, a veces puede contribuir, pero no es posible asumir que basta aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas, para mejorar la seguridad pública, para reducir la violencia o, de manera más precisa, para reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Para responder a esta duda se exploraron dos medidas del tamaño de las fuerzas armadas de cada país. Por una parte, el número total de efectivos, sin alguna otra calificación de esa medida y, por otra parte, ese número total de efectivos como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA). Las dos medidas están disponibles en el Banco de Datos del Banco Mundial. Como un número absoluto se puede consultar aquí. Como porcentaje de la PEA se puede consultar en este enlace. Los datos de la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes se tomaron de ese mismo repositorio y son los mismos que se han usado en esta serie de textos en Otros Datos.

Esa distinción es muy importante porque en esta serie se ha comparado sistemáticamente a México con su principal socio comercial: Estados Unidos, que es uno de los países con mayor poderío militar, uno de cuyos aspectos es el número total de efectivos disponibles. Las fuerzas armadas de EU en 2019 incluían un millón 388 mil efectivos. Las de México incluían 328 mil, ello podría dar pie a un sesgo al usar esa medida.

De todos modos, como lo importante en este caso es cómo se correlaciona el número de efectivos de las fuerzas armadas con la tasa de homicidios, para medir que tan distintas son las dos medidas del tamaño de las fuerzas armadas, calculé la correlación del número total de efectivos militares con el de ese número absoluto como un porcentaje de la PEA.

En 17 de los 22 países considerados en esta comparación había una correlación de medianamente robusta a muy robusta, como se puede ver en la primera gráfica de esta entrega.

 

Los únicos países en los que la correlación es débil o es de signo negativo son Belice (-0.12), Filipinas (-0.1), Honduras (0.28)  y Perú (0.29). En el resto de los países las correlaciones tienen el signo esperado (positivo) y tienden a ser robustas o muy robustas. El caso más extremo entre los países considerados, el de Estados Unidos, tiene una correlación de 0.98, se optó por usar el número efectivos militares como porcentaje de la PEA, como base para desarrollar la comparación.

Como con los jueces o los policías, en este caso la expectativa es que a un mayor número de efectivos militares haya una reducción en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, la expectativa es que el signo de la correlación sea negativo y que se exprese como una proposición que diga algo parecido a que “a mayor proporción de efectivos militares como porcentaje de la PEA, menor número de homicidios”.

Otra posibilidad, presente en varios casos, es que las dos series cayeran de manera simultánea, es decir que “a menor proporción de efectivos militares como porcentaje de la PEA, menor número de homicidios”. En un caso así, el signo es positivo y el resultado es deseable. Es de suponer que hay otros factores que contribuyen a lograr la reducción en la tasa de homicidios, pero eso deberá discutirse por separado. Los países en los que se cumple la primera idea, la de que en la medida que aumenta el personal militar disminuyen los homicidios, sin embargo, son muy pocos.

 

Como se puede ver en la segunda gráfica, sólo en nueve de los 21 países considerados el signo es negativo. De ellos, es posible descartar de inmediato a Bolivia pues, dadas las limitaciones de su serie de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo se tienen cinco observaciones y el valor de la correlación es de -0.02, por lo que la correlación es inexistente.

Guatemala, que se presenta en la siguiente gráfica, en cambio, tuvo reducciones constantes en la proporción de su PEA ocupada en las fuerzas armadas, pero el comportamiento de la curva que mide la tasa de homicidios es errática y no es posible prever que pueda mantener una tendencia a la baja. De hecho, si se traza una línea de tendencia a esa curva, se obtiene una línea recta.

 

Algo similar ocurre en el caso de Panamá. La curva que describe la tasa de homicidios es una suerte de tobogán con muy marcadas variaciones de un año a otro y la tendencia es ligeramente al alza, a pesar de que de 2016 a 2020 se reportan caídas en esa tasa.

 

Lo mismo se puede decir de Belice, donde se puede asumir que el tamaño de las fuerzas armadas se redujo de 1990 hasta 2014, mientras aumentaba furiosa la tasa de homicidios de 2000 a 2012, por lo menos. Es un caso con una correlación negativa y robusta, de -0.5. A pesar de ello, de 2015 en adelante, al mismo tiempo que caía la tasa de homicidios, aumentaba el tamaño de la milicia.

 

Algo parecido se puede decir de Honduras, cuyos militares vivieron un pico de su participación en la PEA a mediados de los noventa, luego de lo cual ha tenido reducciones constantes. Esa dinámica a la baja ha ido acompañada de un comportamiento “de tobogán” de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Ello hace difícil refutar o validar la idea de que un aumento en los efectivos militares va a acompañado de una reducción en la violencia como la mide la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. La ausencia de datos para la tasa de homicidio en el siglo XX hace más difícil hacer una evaluación en este y muchos otros casos en América Latina.

 

En Uruguay la correlación es todavía más robusta, del orden de -0.67, pero la tasa de homicidios aumentó de manera constante durante los diez años que van de 2007 a 2017 y es sólo a partir de 2018 que hay una marcada reducción en ese indicador.

 
Fuente: Elaboración propia.

En Costa Rica la situación es más compleja. Lo primero que debe considerarse es que, como tal, no existe un ejército en ese país. Esa institución fue abolida como parte de una serie de felices acuerdos de las élites de la política de ese país en 1948. Lo que hay es la llamada Fuerza Pública de Costa Rica que, en caso de ser necesario, se articula de su actual configuración como una fuerza civil a una de tipo militar. Dejando de lado esa diferencia que es crucial respecto de todos los países considerados en esta comparación, aún cuando el signo de la correlación es el deseado, es decir, es negativo y la intensidad es muy robusta (-0.7), el comportamiento de las variables está muy lejos de ser el deseado, pues lo que ha ocurrido ahí es que luego del máximo en el tamaño de la Fuerza Pública que ocurre en 2002, e incluso desde antes, ha habido un crecimiento de la tasa de homicidios.

 

Es claro que Costa Rica ha optado por atacar el problema con un mayor número de jueces, como se vio en la entrega correspondiente, pero eso tampoco ha sido tan eficaz como sus autoridades lo esperaban, como ya se discutió en entregas previas de esta serie.

Le sigue Perú. Lamentablemente, en ese caso la serie de la tasa de homicidios tiene sólo ocho observaciones. Además, como en el caso de Costa Rica, aunque el signo es negativo y es muy robusta la correlación (-0.83), el comportamiento de las variables es indeseable, pues a la par que se ha reducido la participación del personal militar en la PEA ha aumentado la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

 

Finalmente, está el caso de Colombia. Ese es el único caso en el que un aumento en la participación del personal militar en la PEA ha ido aparejado a una reducción sostenida en la tasa de homicidios. ¿Es posible generalizar a partir de un solo caso? No veo cómo pudiera ser posible. Menos cuando se considera la historia de la violencia en Colombia que, a diferencia de la que ocurre ahora en México, tuvo un componente ideológico que ha permitido desmovilizar a la mayoría de los grupos guerrilleros de ese país desde finales de los ochenta.

 

Paradójicamente, a pesar de que sólo Colombia ofrece un caso en el que claramente es posible decir que en la medida que aumenta la participación de los militares en la PEA se reduce la tasa de homicidios, hay en el discurso político en México y otros países referencias a presuntos éxitos de estrategias de seguridad que han logrado esa meta.

Ese tipo de afirmaciones no se sustentan en datos. Al menos no en los datos que se han usado para construir las comparaciones que se presentan aquí. Quizás existen otros de los que quien esto escribe no está al tanto. Sería interesante conocerlos.

Lo que es un hecho, en cambio, es que hay países en esta comparación en los que la caída en el tamaño de las fuerzas armadas ha ido acompañada de una caída en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, eso demuestra lo opuesto de lo que Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador han dicho como argumentos clave para justificar las políticas públicas con las que lamentablemente se han comprometido, a pesar de los fotogénicos pleitos que protagonizan entre ellos.

Los dos países con las correlaciones de signo positivo más robustas son Estados Unidos (0.91) y Canadá (0.86). Es claro que en Estados Unidos, a veces, las unidades de la Guardia Nacional, que se organizan en cada uno de los estados que dan forma a la Unión Americana y dependen, en primera instancia, de los gobernadores de esos estados, llegan a intervenir en operaciones de seguridad pública.

 

Esa participación, sin embargo, casi siempre es preventiva y auxiliar de las policías locales o estatales y no se les autoriza para realizar, como sí ocurre en países de América Latina, tareas policiacas como tales. Uno de los pocos casos que recuerdo de la Guardia Nacional involucrada directamente en actividades de seguridad pública ocurrió en las semanas inmediatas posteriores a los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey, el estado vecino al oeste de Nueva York, autorizaron esas actividades dados los daños causados por los ataques terroristas del 9 de septiembre de 2001 a la ciudad de Nueva York y el impacto en su zona metropolitana.

 

Eso no ocurre en Canadá que, por lo demás tiene la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes más baja de todo el continente, que no creo que se pueda explicar por las variaciones en el tamaño de sus fuerzas armadas.

Les sigue Sudáfrica, con una correlación de 0.74. Ahí ha ocurrido una lenta caída en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al mismo tiempo que ha reducido la participación del personal militar en la Población Económicamente Activa, desde 1995 y hasta ahora. Esta historia de éxito, sin embargo, no lo es tanto cuando se considera que la tasa de homicidios de Sudáfrica es muy similar a la México en la actualidad.

 

En el caso de Nicaragua me resulta difícil validar la información que reporta el régimen de Daniel Ortega al Banco Mundial. La caída en la tasa de homicidios ha sido constante desde 2009 hasta ahora y también lo ha sido la caída en la proporción de la PEA empleada por las fuerzas armadas. La correlación es robusta y positiva, del orden de 0.65. En todo caso, Nicaragua no sugiere que aumentar el tamaño de las fuerzas armadas pudiera tener ventajas para la seguridad pública. Que cada quien decida si le cree a los datos que reporta Ortega.

 

México, lo mismo que Brasil, demuestran lo contrario. Es decir, en esos dos países, en la medida que aumentó la participación del personal militar en la PEA, aumentaron también las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes.

 

Ambos países reportan correlaciones de igual signo y valor muy similar, 0.5 para México y 0.51 para Brasil.

 

El Salvador reporta un valor y signo exactamente igual al de Brasil, pero ahí la caída en la tasa de homicidios ocurrió al mismo tiempo que se reducía la participación del personal militar en la PEA. En ese sentido, no se puede considerar que sea un ejemplo de que para reducir la violencia se deba recurrir a los militares. Habrá que ver qué cambios ocurren cuando empiecen a emerger las evaluaciones sobre las más recientes medidas del gobierno de Nayib Bukele.

 

En Argentina se presenta una situación similar: en la medida que cayó el número de homicidios cayó también la participación del personal militar en la PEA. El problema, como se ha apuntado en entregas previas es que, lamentablemente, la serie que mide la tasa de homicidios en Argentina inicia apenas en 2001.

 

Finalmente, con correlaciones menos robustas, están los casos de Filipinas y Ecuador. Ecuador es un caso parecido al argentino y salvadoreño. La intensidad de la correlación es menor, pues es de sólo 0.37 y, a diferencia de México, el signo positivo se logra gracias a que las reducciones en la tasa de homicidios y en la participación del personal militar en la PEA han corrido a la par. El resultado es positivo, pero no es porque haya aumentado la participación del personal militar, como ocurre en México donde, además, el resultado ha sido el que no se quería.

 

Filipinas ofrece la correlación positiva menos robusta, de sólo 0.25 por lo que es difícil echar las campanas a vuelo, pero es claro que ahí también, en la medida que se reduce la participación de los militares en la PEA ha ocurrido una caída en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, no lo opuesto que ha sido un elemento clave de la estrategia de seguridad pública de los gobiernos de México de 2006 a la fecha.

 

Al comparar el porcentaje de la PEA ocupada en las fuerzas armadas es claro que México está lejos de ser un caso extremo como sí lo es, por ejemplo, Venezuela, que con un ejército de 343 mil efectivos, ocupa ahí al tres por ciento de la PEA.

 

A pesar de ello, debe destacarse que al comparar a México con Estados Unidos la diferencia es de menos de 3 décimas de punto porcentual. En 2019, México reportaba un 0.58 por ciento de su PEA empleada por las fuerzas armadas contra un 0.83 por ciento de Estados Unidos, mientras que Canadá tenía reportaba un 0.35 por ciento.

 

Al compararnos con Centroamérica, Belice y la República Dominicana los valores reportados por México son inferiores a la mayoría. México sólo rebasa a Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

 

Toda América del Sur, salvo Argentina y Ecuador, tiene a una mayor proporción de empleados en el sector militar que México. Venezuela es, como ya se indicó, el país con el mayor valor total en este indicador.

 

Finalmente, al comparanos con Sudáfrica y Filipinas, México tiene una mayor proporción de militares en su Población Económica Activa.

Creo que con la información acumulada hasta ahora es posible acercarse a un modelo que, basado en la evidencia y no los impulsos populistas de Calderón Hinojosa o López Obrador, diseñe los contornos de una política de seguridad pública o ciudadana que de verdad atienda a las causas del problema.

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