Por Cuauhtémoc Villegas Durán

Manuel Alonso no puede seguir escondiéndose detrás del cargo de fiscal, de los discursos sobre seguridad ni del llamado Blindaje Aguascalientes.

Porque mientras habla de combatir al crimen, hay personajes que parecen moverse con una libertad que cualquier ciudadano común quisiera tener frente a la Fiscalía.

Ahí está Don Jorge.

Ahí están los chatarreros.

Y ahí está, detrás de todo esto, la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el caso de Don Jorge, mi señalamiento es concreto.

Yo lo denuncié por venta de droga.

Y cuando finalmente intervino la autoridad, ocurrió algo que hasta hoy considero inexplicable: aseguraron la tienda, pero a Don Jorge lo dejaron escapar.

Tomaron el inmueble.

Tomaron el lugar.

Pero al hombre que yo había señalado, no.

Ese hecho por sí solo exige una explicación.

¿Cómo puede una autoridad actuar sobre el establecimiento y permitir que quien fue denunciado abandone el lugar?

¿Quién tomó esa decisión?

¿Quién estaba al mando?

¿Quién dio la orden?

¿Quién permitió que se fuera?

¿Y por qué?

Porque cuando la autoridad llega, asegura una tienda vinculada a una denuncia por venta de droga y el principal señalado termina fuera del alcance de la justicia, ya no estamos hablando de una simple falla operativa.

Estamos hablando de un episodio que huele a protección.

Y cuando después ese mismo entorno aparece relacionado con conflictos de propiedades, amenazas, despojos y personas a las que se señala por vínculos con estructuras criminales, el problema deja de ser un caso aislado.

Se convierte en un patrón.

Y ahí aparece Manuel Alonso.

Porque él es el fiscal.

Porque él encabeza la institución que debería investigar estas cosas.

Porque él tiene bajo su mando a ministerios públicos, policías investigadores y estructuras capaces de perseguir delitos mucho más complejos.

Entonces resulta imposible aceptar que un hombre denunciado por venta de droga pueda escapar mientras la autoridad se queda con la tienda y que después nadie explique qué pasó.

No basta con decir que hubo un operativo.

No basta con presumir un aseguramiento.

La pregunta es otra:

¿por qué Don Jorge se fue?

Y después viene la segunda:

¿quién lo dejó ir?

Eso es precisamente lo que vuelve tan grave todo este asunto.

Porque el poder del crimen organizado no se demuestra solamente cuando aparecen armas largas o camionetas blindadas.

También se demuestra cuando ciertos personajes parecen saber que pueden escapar.

Cuando conocen el momento.

Cuando reciben aviso.

Cuando la autoridad llega tarde.

Cuando llega a medias.

Cuando asegura objetos, pero no personas.

Cuando toma una tienda, pero deja libre al señalado.

Eso también es poder criminal.

Y eso también tiene que investigarse.

Por eso no se puede separar el caso de Don Jorge del resto.

Ni de los chatarreros.

Ni de los despojos.

Ni de las amenazas.

Ni de la apropiación de casas y terrenos.

Ni de las personas que yo he señalado como vinculadas con el CJNG.

Porque cuando los mismos nombres, los mismos grupos o los mismos intereses aparecen una y otra vez alrededor de hechos distintos y siempre encuentran una rendija por donde escapar, la ciudadanía tiene derecho a sospechar.

Y el periodismo tiene la obligación de preguntar.

¿Quién los protege?

¿Quién les avisa?

¿Quién les da tiempo?

¿Quién permite que sus asuntos nunca lleguen hasta el fondo?

¿Quién hace que algunos operativos terminen con fotografías, sellos y aseguramientos, pero sin el personaje que realmente importaba?

Una Fiscalía que funciona de esa manera no combate al crimen.

Lo administra.

Lo contiene cuando conviene.

Lo exhibe cuando sirve políticamente.

Pero lo deja respirar.

Y un cártel no necesita mucho más que eso.

No necesita tener a todos los funcionarios en la nómina.

Le basta con tener omisiones.

Le basta con tener avisos.

Le basta con encontrar puertas abiertas.

Le basta con que algunos policías miren hacia otro lado.

Le basta con que algunos ministerios públicos pierdan tiempo.

Le basta con que ciertos personajes alcancen a irse.

Y le basta con que después nadie pregunte demasiado.

Yo sí pregunto.

¿Por qué Don Jorge pudo escapar?

¿Por qué, si había una denuncia por venta de droga, el resultado fue asegurar la tienda y no al denunciado?

¿Por qué ese hombre pudo salir del escenario mientras la autoridad actuaba sobre el inmueble?

¿Quién permitió eso?

Y sobre todo:

¿por qué Manuel Alonso no ha explicado públicamente episodios como éste?

Porque el fiscal puede hablar de seguridad todo lo que quiera.

Puede presumir detenciones.

Puede presumir operativos.

Puede presumir coordinación.

Pero cuando un ciudadano denuncia a un presunto vendedor de droga y ese hombre termina escapando en medio de una intervención, cualquier discurso oficial se vuelve pequeño.

El resultado habla más fuerte.

Y el resultado es éste:

Don Jorge se fue.

La tienda quedó.

La autoridad actuó.

Pero él escapó.

Eso no se borra con un boletín.

Y mucho menos cuando alrededor de ese mismo entorno aparecen ahora otros señalamientos relacionados con los chatarreros, los despojos de propiedades y personas vinculadas, según mis propias investigaciones y experiencias, con el CJNG.

Ahí está el fondo de esta columna.

No se trata de una teoría abstracta.

Se trata de hechos que, vistos uno junto al otro, construyen una imagen inquietante.

Un hombre denunciado por venta de droga que escapa.

Una tienda asegurada.

Grupos que continúan operando.

Casas y terrenos en disputa.

Víctimas que denuncian.

Autoridades que no llegan hasta el fondo.

Y un fiscal que sigue presentándose como garante de la seguridad.

Por eso digo que Manuel Alonso es servil a los intereses que debería combatir.

Porque la servidumbre no siempre consiste en recibir órdenes directas.

También consiste en ser útil.

En dejar hacer.

En no perseguir.

En permitir que el señalado se vaya.

En asegurar la escena y perder al personaje.

En dejar intacto el sistema mientras se presume que se hizo justicia.

Por eso el título se sostiene:

Manuel Alonso, el servil del CJNG.

Porque mientras personajes como Don Jorge escapan, los chatarreros continúan bajo sospecha de protección y las víctimas pelean por conservar sus casas y terrenos, la Fiscalía parece tener siempre una explicación menos una:

¿por qué los que importan casi nunca caen?