Redacción | Data2 / Objetivo7 10 de abril de 2026

La crisis de desaparición forzada en Jalisco ha dejado de ser un tema de “incapacidad” para convertirse en una evidencia de colusión abierta entre las corporaciones de seguridad y el crimen organizado. De acuerdo con las cifras más recientes de seguimiento judicial, la magnitud de la infiltración es alarmante: 340 policías de distintas corporaciones en el estado se encuentran actualmente procesados por delitos que van desde abuso de autoridad hasta desaparición forzada.

El patrón de la colusión

La investigación “Desaparición forzada en Jalisco muestra colusión de policía y crimen” (Grupo Milenio) detalla cómo las corporaciones municipales y estatales han servido como brazo ejecutor de los grupos delictivos. No se trata de casos aislados; el patrón indica que los elementos uniformados son quienes realizan la detención o intercepción de las víctimas para luego entregarlas a células criminales.

Este sistema de “subcontratación” del crimen organizado utiliza la infraestructura del Estado —patrullas, armamento y uniformes— para garantizar la eficacia de los levantamientos y la posterior impunidad, al ser los mismos compañeros de los procesados quienes inicialmente “investigan” los hechos.

Cifras que desmienten el discurso oficial

Aunque los reportes federales de las últimas 24 horas intentan posicionar a Jalisco con cifras bajas de homicidio doloso, la realidad de la desaparición forzada cuenta una historia distinta:

• 340 Policías bajo proceso: Esta cifra supera por mucho las estimaciones previas, revelando una limpieza profunda —pero aún insuficiente— en las filas de seguridad.
• Impunidad Sistemática: A pesar de los procesos abiertos, el porcentaje de sentencias condenatorias por desaparición forzada sigue siendo inferior al 2%, lo que permite que las estructuras de colusión se regeneren rápidamente.
• Zonas Críticas: El Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente Zapopan y Tlajomulco, se mantienen como los puntos donde la relación entre mandos policiales y delincuencia organizada es más estrecha.

El “Embudo” de la Justicia

La colusión no termina en el momento de la desaparición. El proceso de denuncia se convierte en un “embudo” donde las fiscalías, señaladas recientemente por su falta de rigor técnico, dilatan las investigaciones o reclasifican los delitos para evitar que los casos sean contabilizados como desaparición forzada, protegiendo así la narrativa política del estado.

Para las familias de las víctimas y los colectivos de búsqueda, estos 340 policías procesados son solo la superficie de una estructura mucho más profunda que ha convertido a Jalisco en el epicentro nacional de la desaparición. Mientras la policía y el crimen sigan compartiendo nómina, la justicia seguirá siendo una simulación.