Ordena cierre de medio digital Tribuna

Jueza procesa a periodista por críticas a gobernadora de Campeche

Una jueza de Campeche vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez y ordenó cerrar su medio, tras señalarlo de incitar al odio contra Sansores.

La jueza ordenó cerrar el medio digital Tribuna de Campeche y vinculó a proceso al periodista de 71 años por presunta incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores.

Cortesía/Los Ángeles Press

En un fallo que podría tener amplias repercusiones para la libertad de prensa en México, una jueza de control vinculó a proceso penal a un periodista y ordenó el cierre de un medio digital, luego de considerar que se habrían cometido delitos de incitación al odio y a la violencia contra una funcionaria pública.

Según reportó el diario La Jornada, la jueza Guadalupe Martínez Taboada resolvió procesar al periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años, exdirector del medio digital Tribuna, por publicaciones dirigidas contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La audiencia, que se extendió por más de 12 horas, culminó con una resolución sin precedentes en la que también se le prohibió al comunicador ejercer su labor mientras esté vigente el proceso judicial.

De acuerdo con los registros judiciales, la jueza ordenó además el cierre de la plataforma Tribuna y la vinculación a proceso de Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio. Los presuntos delitos se relacionan con la publicación de materiales considerados como incitadores de violencia en contra de una figura pública.

Los acusados han rechazado las imputaciones y afirman que el caso representa una amenaza directa contra el periodismo independiente. “Esta decisión sienta un ominoso precedente para todos los que ejercemos el periodismo fuera de las estructuras oficiales”, dijo una fuente cercana al equipo legal de González Valdez, que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Aunque el caso gira en torno a una figura política estatal, especialistas en derecho constitucional y libertad de expresión lo ven como parte de una tendencia creciente en México, donde el poder judicial es utilizado para sancionar o inhibir voces críticas. “Lo preocupante aquí no es solo el cierre de un medio, sino la señal que se manda al resto de la prensa: la crítica puede costarte la carrera o incluso la libertad”, explicó a Los Ángeles Press un académico de la UNAM con experiencia en litigios de derechos humanos.

La Fiscalía del Estado de Campeche no ha hecho públicos los elementos de prueba que sostienen la acusación. Tampoco se han revelado detalles sobre las publicaciones específicas que habrían motivado la acción judicial, lo que ha generado mayor inquietud entre organismos defensores de la libertad de prensa, tanto nacionales como internacionales.

Los Ángeles Press solicitó comentarios a la oficina de la gobernadora Layda Sansores y al Poder Judicial del estado, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El caso subraya la fragilidad de las garantías para el ejercicio periodístico en un país donde, según organizaciones como Artículo 19, ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. La decisión judicial podría escalar a tribunales federales o incluso internacionales, en medio de un debate cada vez más intenso sobre los límites entre la crítica política y el discurso sancionable.

Críticas de Jorge Luis González Valdez a Layda Sansores

En sus publicaciones, González Valdez calificó el gobierno de Layda Sansores de autoritario y cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Señaló la existencia de presuntas irregularidades en procesos de contratación, licitaciones y la administración de fondos estatales, acusaciones que incomodaron también a la gobernadora.

Además, el periodista denunció lo que consideraba una estrategia sistemática de persecución política. Acusó al gobierno de Sansores de utilizar instrumentos legales y administrativos para silenciar voces críticas, incluyendo presiones directas contra medios independientes y periodistas, lo que —según dijo— reflejaba una política de intolerancia frente al disenso.

Voces locales señalaron también las acciones de la gobernadora contra González Valdez: “Le quitó el periódico Tribuna, le quitó el programa Expediente donde él decía la verdad de los malos manejos, corruptelas; lo secuestró, lo esposó; le pegaron cinco policías; lo encerraron, y hasta lo llevaron al hospital con marcapasos por padecer del corazón, y ahora él denunció y lo jueces de la gobernadora le dan la razón a ella… ésa es la justicia en Campeche”.

Libertad de prensa bajo presión

México ocupa el lugar 124 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, un reflejo de la violencia, censura y presiones que enfrentan los periodistas. En este contexto, la decisión judicial contra González Valdez y Tribuna es vista por muchos como un intento de control político disfrazado de proceso legal.

La Fiscalía General del Estado de Campeche no ha hecho públicos los elementos que sustentan la acusación, ni ha aclarado cuáles fueron las publicaciones consideradas como incitadoras de odio o violencia. Tampoco ha informado si existen investigaciones paralelas sobre amenazas o agresiones contra la gobernadora.