Por Cuauhtémoc Villegas

Entre caminos rurales, brechas de terracería y retenes improvisados, la línea que divide a Zacatecas de Aguascalientes se ha desdibujado. No por la cartografía oficial, sino por la presencia creciente del crimen organizado. Desde hace meses, la región fronteriza vive una intensificación alarmante de violencia, desapariciones, ejecuciones y una militarización silenciosa que contrasta con el discurso de paz promovido por las autoridades locales.

El último capítulo de esta escalada ocurrió el 13 de mayo de 2025. Una camioneta Chevrolet Tahoe fue hallada abandonada en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, a solo unos metros de la línea estatal que la separa del municipio de Cosío, Aguascalientes. Dentro de ella, las autoridades encontraron seis cuerpos desmembrados. Una escena de horror que recuerda las peores jornadas del sexenio de Felipe Calderón, pero que ahora ocurre en pleno centro-norte del país, lejos de las zonas que tradicionalmente concentraban los titulares de sangre.

A pesar del hallazgo, la reacción oficial fue tardía y tibia. El gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, apenas emitió un boletín escueto. En Aguascalientes, el silencio institucional contrastaba con el pánico en redes sociales. En voz baja, los familiares de ocho personas desaparecidas en Jesús María —algunas reportadas desde marzo— comenzaron a preguntar si esos cadáveres no serían parte de los suyos.

La tensión no es nueva. Desde finales de 2023, los pobladores de municipios como Genaro Codina, Ciudad Cuauhtémoc, Loreto y Ojocaliente han denunciado movimientos extraños en la sierra: camionetas sin placas, fogonazos en la noche, y caravanas armadas que cruzan los ejidos sin ser detenidas. En Cosío, San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, del lado aguascalentense, la situación ha sido similar: rumores de “levantones”, patrullajes federales esporádicos y un miedo cada vez más cotidiano.

El 27 de abril, un enfrentamiento entre presuntos sicarios y efectivos federales paralizó la zona. Hubo balaceras en Genaro Codina y Cosío, seguidas de una persecución que terminó con varias detenciones y aseguramiento de vehículos. Fue entonces que el gobierno federal activó la llamada “Operación Frontera Norte”, con el despliegue de más de 2,000 elementos militares. Aunque el operativo ha resultado en miles de detenciones y decomisos de armas y droga, no ha impedido que los hechos violentos continúen.

Los habitantes se sienten atrapados entre dos fuegos. Por un lado, los cárteles que disputan el control del territorio —el Cártel de Sinaloa, el CJNG y remanentes de Los Zetas—. Por otro, las fuerzas de seguridad, que llegan tarde y muchas veces revictimizan a la población. En entrevistas anónimas, habitantes de las comunidades de La Victoria, La Congoja y San Jacinto reconocen que los criminales están más organizados que el propio Estado.

“El narco ya está en los ejidos, en las cooperativas, en las escuelas. Aquí todo mundo sabe quién manda, pero nadie dice nada porque es morir. Lo peor es que ellos sí cumplen sus amenazas”, confiesa un profesor rural de Zacatecas que pidió mantener su identidad reservada.

El crimen ha trastocado la cotidianidad. En Ciudad Cuauhtémoc, la venta de terrenos se ha paralizado. En Cosío, los ganaderos ya no suben solos a sus ranchos. En Loreto y Rincón de Romos, las familias evitan salir de noche. La economía informal florece mientras la institucional se contrae. Y en los discursos oficiales, reina una mezcla de negación y eufemismo: se habla de “eventos aislados”, de “coordinación interinstitucional”, de “percepción”, mientras los muertos aumentan.

La frontera entre Zacatecas y Aguascalientes, que alguna vez fue vista como una transición tranquila entre estados de mediano desarrollo, hoy es un corredor estratégico para el trasiego de drogas, armas y personas. Lo que ocurre aquí no es una excepción, sino parte de una red más amplia de dominio criminal que ha sabido adaptarse a las geografías políticas locales.

Este nuevo frente de violencia es también una prueba del fracaso institucional: la incapacidad de los estados para coordinarse más allá de los operativos mediáticos, y la ausencia de una política nacional integral que realmente priorice a las víctimas. Por eso, cada vez que aparece una camioneta abandonada con cuerpos cercenados, la noticia se convierte en una estadística más, mientras el miedo sigue creciendo y el silencio se profundiza.