En los Ceferesos también se han registrado muertes misteriosas y suicidios sin mayor investigación por parte de la FGR.

Cortesía/Los Ángeles Press/Guadalupe Lizárraga

Familiares de personas privadas de la libertad en centros de reclusión federales (Cefereso) realizaron ayer una manifestación en la Ciudad de México para denunciar una serie de irregularidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario federal mexicano.

Publicidad

Las denuncias ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social incluyen torturas, traslados arbitrarios lejos de sus circunscripciones jurídicas, falta de atención médica oportuna, suicidios, raciones reducidas de alimentos y en mal estado, hostigamiento por consignas políticas, acoso sexual a visitantes, cobro excesivo de medicamentos y tiendas, así como arbitrariedades administrativas que afectan directamente a los internos y sus familias que los visitan.

De acuerdo con los testimonios, los internos reciben atención médica tardía e incompleta. “En muchos casos sólo se administran una o dos dosis de medicamentos paliativos, y luego se les obliga a firmar documentos que certifican la finalización del tratamiento, aun cuando no se ha completado”, denunciaron los familiares. Un interno del Cefereso #11, de Hermosillo, denunció a Los Ángeles Press el alto costo de los medicamentos, “¡lo que piden por dos pastillas de paracetamol!”.

En este Cefereso se reportó la tortura por parte de dos agentes del Ministerio Público de la FEADLE para que uno de los internos fungiera como “testigo protegido” e incriminara a terceros en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach perpetrado en 2017. Incluso, el director del penal pidió la instrucción a los agentes respecto a cuánto tiempo más iban a tener aislado al interno, porque ya llevaba cinco meses retirado de la población penitenciaria, vigilado durante las 24 horas diarias y con aviso a los agentes de sus visitas familiares.

Publicidad

También se documentaron tratos discriminatorios hacia los visitantes, especialmente en los filtros de seguridad. Una de las familiares en el Cefereso #1, del Altiplano, denunció que para permitirle el paso la obligaban a desnudarse por completo, incluso se lo exigían frente a familiares de otros presos en la fila de espera a la aduana y al negarse le impidieron la entrada al penal. En el Cefereso #12, de Guanajuato, recientemente se denunció la tortura de varios de los internos a quienes desnudaron y grabaron en video, para trasladarlos de manera arbitraria al Cefereso #5. Allí mismo en Guanajuato se han registrado dos suicidios en los últimos dos años.

En el Cefereso #15, de Tapachula, en 2022, se reportó la muerte de un interno que fue entregado en cenizas a sus familiares bajo el argumento de que se había contagiado de Covid19, y “por seguridad” lo habían incinerado. Ese mismo año, en el Cefereso #16 se reportaron 19 muertes, al año siguiente 6 y en 2024, se reportaron dos suicidios más. Este tipo de muertes misteriosas no han sido aclaradas ni hay investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Las familias dolidas y depredadas económicamente no tienen fuerzas ni recursos para transitar por la burocracia de una denuncia formal.

Durante los traslados de internos pasan hasta más de 48 horas sin que sepan los familiares o defensores dónde se encuentran. Y en algunos casos, tardan hasta 15 días para que sus familiares puedan verlos, debido a las golpizas que les dan antes o durante el traslado.

Alejandro López Ponde de León, activista de derechos humanos de los presos, en uno de sus testimonios sobre los Ceferesos, reportó para Los Ángeles Press que en cada traslado las autoridades penitenciarias perpetran una tortura, y se incrementan los problemas de salud de los internos.

Las dificultades para las familias se agravan por la ubicación remota de los centros penitenciarios, que fue una de las principales quejas de los manifestantes del Voluntariado de Apoyo a los PPL en los Ceferesos.

Los manifestantes también alertaron sobre cambios arbitrarios en los criterios administrativos, como modificaciones de último momento en los protocolos de ingreso. Esta práctica, señalaron, no considera los esfuerzos logísticos y económicos que implica trasladarse hasta los penales. Así lo denunció una familia veracruzana que fue a ver a su interno en Tapachula, Chiapas, y por un cambio de protocolo les impidieron verlo. Sin considerar los gastos que implican para la familia en una situación de esta naturaleza.

Asimismo, denunciaron el incumplimiento de horarios en las videollamadas y videoconferencias jurídicas, o una fallida conexión por parte del sistema penitenciario, lo que obstaculiza el contacto entre los internos y sus defensas, tanto públicas como privadas. Según los testimonios, existe una falta de coordinación entre las distintas áreas internas de los penales, lo que entorpece el acceso de visitantes y abogados.

Otras denuncias incluyen la negativa injustificada de llamadas telefónicas, demoras en la ejecución de resoluciones judiciales favorables, y un deterioro generalizado en las condiciones de vida dentro de los centros. “La comida es escasa y de mala calidad, y las actividades de rehabilitación han sido reducidas o eliminadas sin explicación”, señalaron.

Noticias

Cefereso 18, una cárcel donde se tortura hasta la muerte

En lo que respecta a las visitas, los familiares reportaron dificultades para agendar citas, tanto familiares como íntimas, debido a la ineficiencia del área de Trabajo Social, cuyas respuestas son nulas o muy tardías. Entre las denuncias también se destacó la arbitrariedad del personal penitenciario respecto a los artículos médicos solicitados por los internos, los cuales deben ser cubiertos por las familias. Se han registrado casos con tenis ortopédicos, fajas, vendas y otros insumos que no son aceptados por razones como el color, la marca o el estilo, sin que estos requisitos sean informados previamente.

Las familias exigieron tanto al gobierno federal como a las autoridades penitenciarias un respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus visitantes, que también pidieron mejoras urgentes en la atención médica, el acceso a la comunicación y la administración general de los centros.

La protesta busca visibilizar una situación que ha sido ignorada por las autoridades por años, y contradice los compromisos públicos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.