El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó monitorear las noticias en radio y televisión manipuladas con Inteligencia Artificial (IA) y de información sobre lo que se diga de los próximos precandidatos y candidatos federales del 2027, particularmente sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada durante las precampañas para las elecciones de 2027.
Con ocho votos en contra y tres a favor, el Consejo General del INE rechazó la propuesta de monitorear 73 espacios en radio y televisión.
“La Inteligencia Artificial no va a desaparecer ni a dejar de utilizarse en las precampañas y campañas y, por supuesto, tampoco por los medios de comunicación, pero no debemos perder de vista que la proliferación de desinformación y el uso de deepfakes (noticias ultrafalsas) amenazan la integridad democrática”, advirtió la consejera electoral Carla Humphrey.
La propuesta plantea monitorear 73 espacios en radio y televisión, de los cuales 59 son noticiarios, a fin de detectar aquellas noticias manipuladas con IA, las cuales medios de comunicación utilizan para desinformar, generar imputaciones o delitos falsos, así como discriminar o ejercer violencia política contra las mujeres
La consejera Norma Irene de la Cruz argumentó que la negativa de este nuevo tipo de monitoreo tiene que ver con falta de capacidad institucional.
De igual forma, el Consejo General rechazó la otra propuesta para utilizar estos monitoreos en favor de la nueva Comisión de Verificación para la Integridad de Candidaturas del INE, a fin de utilizar los espacios noticiosos como una fuente, sin ser la única, para alertar de aspirantes sospechosos.
Humphrey recordó que la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso -que fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- ordenó al INE creer la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Poder ejecutivo
Lo anterior, dijo, porque el INE tiene la obligación de notificar a los partidos políticos o personas que aspiren a una candidatura independiente, así como instancias competentes, si existiera un riesgo razonable de alguna postulación política.
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