Menores, reclutados por el crimen organizado
Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo a nivel nacional.
Armando Quiroz/Ríodoce.- Entre un puñado de casos recuerda: ocurrió en alguna latitud de México y la protagonista fue una adolescente. Toda la comunidad, todos alrededor sabían quién había asesinado a su mamá; incluso la autoridad, pero no hicieron nada. Ella quiso buscar justicia por mano propia y se adhirió “voluntariamente” a uno de esos grupos criminales que se abanderan en los estados. “¿Podríamos en serio decir que eso fue reclutamiento voluntario? Pues no”, calificó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
En México, ser reclutado por sujetos del crimen organizado —explicó — constituye una práctica de instrumentalización y explotación de los cuerpos, las vidas y la capacidad de trabajo de niños, niñas y adolescentes. Pronunciarlo como “reclutamiento voluntario” es inadecuado. Incluso cuando un menor se inserta por cuenta propia a estos entornos delictivos, su decisión suele estar forzada por vulnerabilidades previas, violencias, extorsiones o la total impunidad y falta de protección del Estado, que priva a las infancias de acceder a otras formas de subsistencia o justicia.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, añadió que, a nivel internacional, el reclutamiento de menores es reconocido como un crimen de guerra. Dentro de esa instrumentalización, lo más común es colocar a las infancias como figuras de “halconeo” (punteros). Se han detectado —dice— casos de niños que desde los ocho años se encargan de vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad o de personas ajenas al territorio. Otros participan en el traslado de armas, municiones o precursores químicos, así como de cocineros en laboratorios clandestinos.
En los contextos de guerras internas, como el que se vive actualmente en Sinaloa, los menores son utilizados como fuerzas operativas para mantener la capacidad de fuego de los grupos criminales; en el caso de las niñas, el reclutamiento a menudo deriva en situaciones de esclavitud sexual, donde son tratadas como objetos.
Aunque un menor de edad exprese que su participación es voluntaria, el derecho internacional lo considera reclutamiento forzado. Esto se debe a su nivel de desarrollo cerebral y a su necesidad de identidad o pertenencia, factores que se nutren —complementa Ramírez Hernández— de la pobreza, la exclusión social, el estigma adultocéntrico hacia los adolescentes y la falta de un proyecto de vida que les permita ver un futuro fuera de las garras de la criminalidad.
Los grupos —añadió Pérez García— reclutan a víctimas indirectas de la violencia (como hijos de personas desaparecidas) aprovechando su duelo ambiguo o alimentando sus deseos de venganza. El consumo de drogas es otro factor.
“Aquí hay un apartado también de carácter personal o individual y ese sí tiene temas de salud mental. Con mucha frecuencia las víctimas indirectas de personas desaparecidas, asesinadas en el marco de la violencia armada, viven procesos de duelo ambiguo, es decir, no saben dónde está su familiar o si fueron víctimas de crímenes atroces que participaron, o ya ellos presenciaron, pueden en su entorno alimentar deseos de venganza, pues esto de buscar a los responsables, se convierte en un factor muy frecuente de reclutamiento”, anotó.
¿Cuántas infancias se encuentran inmersas en los aparatos del crimen organizado? No hay un número específico, pues es complejo llevar un registro. REDIM construyó una metodología basada en factores como pobreza, violencia familiar y presencia de grupos criminales; sus cálculos indican que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de reclutamiento a nivel nacional.
Durante 2024, entre 388 y mil 084 adolescentes fueron privados de su libertad por delitos asociados al crimen organizado. Estas cifras se sustentan en datos oficiales del INEGI y en el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales. “Eso nos permitió como hacer una inferencia de considerarles probables víctimas de reclutamiento forzado”, detalló Ramírez Hernández.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron los índices más altos de extorsión contra la niñez desde 2015, con Sinaloa, Ciudad de México y Querétaro como las entidades con mayores incrementos. Por otro lado, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa son los tres estados con mayor cantidad de homicidios de menores, siendo Sinaloa el que encabeza el mayor repunte en este rubro. Asimismo, entre enero y noviembre de 2025 se identificaron 278 víctimas de trata menores de edad: 210 mujeres y 68 hombres.
La directora de REDIM puntualiza que, si bien Sinaloa no figura en las principales listas de adolescentes procesados judicialmente, esto no significa que haya menos reclutamiento, sino que probablemente estos casos no se están investigando ni procesando.
La triada de violencias
Para atender el fenómeno se deben contemplar tres situaciones en su conjunto: reclutamiento, desaparición, homicidio o feminicidio. Se pronuncia como feminicidio —aclara Pérez García— ya que las mujeres víctimas de reclutamiento con el fin de ser esclavizadas sexualmente tienen una alta probabilidad de convertirse en víctimas de este delito. Por su parte, los adolescentes reclutados tienen una alta probabilidad de ser víctimas de homicidio.
La mayoría de los desaparecidos son hombres de entre 14 y 30 años, quienes son buscados para servir como soldados en los cuerpos criminales.
Alma Rosa, representante del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida en Culiacán, explicó que los grupos criminales se encargan de “levantar” principalmente a muchachos jóvenes para ser adiestrados e integrados a sus filas. En muchos casos, los jóvenes desaparecen sin motivo aparente o bajo la promesa de que irán a trabajar a otros estados.
De acuerdo con su experiencia como buscadora y líder, es común que personas provenientes de Jalisco, Durango y San Luis Potosí, que fueron reclutadas, sean trasladadas a Sinaloa para participar en los enfrentamientos o la refriega. Los colectivos locales reciben constantemente solicitudes de apoyo de familias de otras entidades que sospechan que sus hijos están participando en las zonas de conflicto.
Aunque existe una pequeña esperanza de que los jóvenes regresen —ya que se han documentado casos aislados de personas que lograron escapar o fueron liberadas—, la realidad suele ser trágica. Muchos son asesinados en combate o encontrados posteriormente en fosas y panteones clandestinos.
Casos existentes: el pasado 28 de enero, tres jóvenes originarios de Jalisco escaparon de un centro de entrenamiento ubicado en Sinaloa. Los jóvenes ya contaban con cédulas de búsqueda, según la Fiscalía del Estado de Jalisco, que mantenía denuncias individuales: dos de ellas fechadas el 12 de octubre y el 13 de diciembre de 2025, y la más reciente el 8 de enero de 2026.
Con base en las indagaciones, uno de los jóvenes salió de su domicilio tras contactar con personas desconocidas mediante la red social TikTok, mientras que los otros dos fueron captados directamente por conocidos. Los reclutados fueron trasladados inicialmente a Zacatecas y terminaron en un campo de adiestramiento en Sinaloa; al huir, fueron auxiliados y lograron regresar a Jalisco.
En mayo de 2025, dos adolescentes originarios de Michoacán fueron rescatados en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras haber sido reclutados por policías municipales de San Cristóbal de la Barranca, quienes fueron investigados por el presunto delito de trata de personas. Los jóvenes, de 17 y 18 años, habían sido contactados por redes sociales para atender una supuesta oferta de trabajo.
“Pueden ser perfilados y contactados o reclutados en su propia familia, en las escuelas, en sus comunidades, en los centros deportivos, a través de las plataformas digitales, videojuegos o redes sociales. Y generalmente la clave es que quien lo va a reclutar o lo va a inducir es alguien de su misma edad, es otro adolescente. Entonces, una parte compleja del reclutamiento es que todos los adolescentes reclutados son forzados a reclutar a otros y a perfilar a otros de sus compañeros”, adicionó Pérez García.
Macrocriminalidades
Para Juan Martín Pérez, mientras las agrupaciones del crimen organizado continúen fortaleciendo sus negocios y el aparato político provea de protección para otorgar impunidad, la guerra seguirá creciendo y deteriorando el tejido social, como lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años de conflictos armados y donde en el proceso, las redes criminales diversificaron las formas de generar economía. Los indicadores que se mostraron durante el sexenio de Felipe Calderón, que argumentaban el inicio de la “Guerra contra el Narco” y obligaban a una militarización para alimentar la seguridad pública, han quedado superados.
“Tenemos que cambiar a lo básico y es desmontar las redes de macrocriminalidad. Lo que coloquialmente conocemos como la ruta del dinero, las complicidades políticas de todo nivel en la cadena de mando y obviamente seguir presionando con el tema de las armas en los Estados Unidos, aquí en el caso mexicano, tipificar obviamente el reclutamiento forzado y reducir la impunidad porque en este país está garantizado, o sea, tú puedes incluso tener gente detenida, pero va a salir libre porque entre la corrupción, las trampas, los vacíos legales, van a encontrar como escapar”, sentenció.
Actualmente —explicó Ramírez Hernández—, el reclutamiento suele estar oculto bajo el delito de trata de personas, lo que dificulta su investigación y procesamiento judicial específico. Es decir, para atender la problemática, la estructura legal debe llamar a las cosas por su nombre y crear un tipo penal propio que responda a la realidad actual del crimen organizado.
“Ahora, lo que también puntúa hacia arriba son las desapariciones de las adolescentes, con lo cual todo lo que se está haciendo para investigar el delito de trata es identificarles como víctimas tiene que ver con trata, con fines de explotación sexual comercial. No estamos viendo casos en donde los que se procesen por trata tengan que ver con reclutamiento. ¿Me explico? Por eso es que insistimos en la necesidad de que sí se tipifique el reclutamiento, porque los datos arrojan la evidencia de que no se está procesando, no se está investigando y no se está procesando judicialmente este reclutamiento”, señaló.
El reclutamiento de menores debe atenderse como una explotación del capitalismo ilegal; es decir, de las fortalezas económicas generadas a través de las actividades ilícitas, mismas que se ven impulsadas por la impunidad y la falta de protección estatal, que deja a miles de adolescentes sin más opción que integrarse a las filas del narcotráfico.
