El capitán Crespo se aseguró de que ningún normalista sobreviviera
El Ejército rescató a su infiltrado en Iguala con un operativo especial
Ayotzinapa: 42 estudiantes y un militar rescatado, la versión oculta
Julio César López Patolzin, presentado como normalista desaparecido del caso Ayotzinapa, era en realidad un agente de inteligencia del Batallón 50
El capitán Crespo, acompañado de un subteniente, un cabo y más de diez soldados armados con subfusiles MP5, irrumpió en la Barandilla municipal para sacarlo, mientras 42 estudiantes de Ayotzinapa eran conducidos a la desaparición.
Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press
TERCERA PARTE
En los expedientes de Ayotzinapa el nombre de Julio César López Patolzin se vuelve una clave que revela la implicación directa del Ejército en la desaparición de los estudiantes. López Patolzin estaba oficialmente inscrito como alumno de la Normal Rural Isidro Burgos, pero en realidad era un soldado en activo del Batallón 50 de Infantería, adscrito al área de inteligencia militar en Chilpancingo. Así lo confirmó el propio general Salvador Cienfuegos.
El Informe Pascal ─elaborado por un grupo de inteligencia ciudadano bajo el seudónimo Pascal Bourne y entregado en exclusiva a Los Ángeles Press tal como se apuntó en entregas anteriores─ especifica en su apartado GL 1, p. 56:
“El general Salvador Cienfuegos Zepeda reconoció que entre los desaparecidos había uno ─Julio César López Patolzin─ que «coincide con un elemento activo» ─soldado─; lo que básicamente reconoció con esto el general Cienfuegos, es la existencia de un soldado-normalista infiltrado en las filas de la Normal de Ayotzinapa.
El comandante del 50/o. Batallón de Infantería, en Chilpancingo, Guerrero, y según el correo electrónico de imagen SIIO/18978, informó que el soldado Julio César López Patolzin pertenecía a esa unidad militar y contaba con autorización ─con goce de salarios y demás emolumentos─ para realizar estudios en instituciones educativas civiles.”
La noche del 26 de septiembre de 2014, López Patolzin viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531, que fue interceptado por policías municipales, estatales y federales en el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Allí, 14 estudiantes fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados al retén de El Tomatal, mientras que López Patolzin fue conducido a la comandancia municipal.
Cómo Anabel Hernández sirvió a la SEDENA
El autobús 1531 no sólo concentró a 14 estudiantes que fueron posteriormente desaparecidos: era también el autobús en el que viajaba Julio César López Patolzin, el soldado infiltrado. En torno a este vehículo se construyeron las versiones mediáticas que buscaban desviar la atención hacia un supuesto cargamento de droga.
En su libro La verdadera noche de Iguala, la periodista Anabel Hernández sostuvo que los normalistas tomaron los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 el 22 de septiembre de 2014 y que en ellos se trasladaba un cargamento de heroína valuado en dos millones de dólares. Esta hipótesis, sin sustento documental, fue repetida hasta el cansancio en medios y en una serie documental de Netflix como explicación de la agresión a los estudiantes tratándolos como narcotraficantes.
El Informe Pascal desmonta esta narrativa paso a paso con evidencia desde sus primeras páginas. Según la declaración del apoderado legal de Estrella de Oro (tomo 43, folios 5 a 9 de la PGR), los normalistas tomaron cinco autobuses el 23 de septiembre ─y no el 22, como afirma Anabel Hernández─: los Estrella de Oro 1577, 1568, 1539, 1531 y 1556.
El autobús 1531 tuvo recorridos comprobables los días previos a la masacre. El 24 de septiembre, viajó con estudiantes a la Ciudad de México para participar en una marcha y regresó a Tixtla el mismo día, sin contratiempos. El 25 de septiembre, un día antes de la desaparición, se trasladó a Marquelia, Guerrero, para recoger a alumnos y volvió a la Normal esa misma jornada. Incluso la mañana del 26 de septiembre, el 1531 y el 1568 fueron utilizados en actividades de boteo en el crucero del Rancho del Cura y regresaron a la Normal alrededor de las 13:00 horas, sin que ninguna autoridad los detuviera.
“Si el autobús Estrella de Oro 1531 hubiese estado cargado de heroína o dinero, como lo afirma Anabel Hernández, pudo haber sido fácilmente detenido en cualquiera de estos viajes: a la Ciudad de México, a Marquelia o en su recorrido de boteo hacia Iguala. Sin embargo, nunca fue molestado”, precisa el Informe Pascal (GL 1, p. 11).
Y agrega de manera categórica (GL 1, p. 12):
“Podemos resumir que la hipótesis de Anabel Hernández se cae a pedazos por lo siguiente:
- Los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 entraron y salieron de la Normal de Ayotzinapa los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, sin nunca ser molestados o seguidos.
- Los binomios caninos de la PGR no encontraron ningún indicio de droga o dinero.
- La unidad de Rayos X de la Policía Federal, al mando del oficial Iván Paul Valenzuela López, tampoco encontró compartimentos secretos ni rastros de droga en ninguno de los autobuses inspeccionados.
- Antes de que fuera atacado el autobús del equipo de fútbol Avispones, en el Crucero de Santa Teresa, fueron agredidos otros seis vehículos civiles. ¿Es que acaso el Taxi 785, el Taxi colectivo 12, el Taxi 972, un Tortón, un Chevy Monza café y la camioneta frutera Dodge RAM 1500 fueron confundidos con un Estrella de Oro cargado de heroína? Lo que afirma Anabel Hernández es una enorme tontada.”
La evidencia del Informe Pascal muestra que el 1531 no transportaba droga, sino a un soldado infiltrado de inteligencia militar. El desvío narrativo de Anabel Hernández funcionó como coartada para la SEDENA: desplazó la atención mediática de la participación del Ejército y reforzó la idea de que los estudiantes habían sido confundidos o cooptados por narcotraficantes. Una narrativa que, en palabras del Informe Pascal, sirvió para encubrir lo esencial: el crimen de Estado y la operación de exterminio dirigida desde la SEDENA.
El rescate del Teniente Crespo
A las 23:30 horas del 26 de septiembre, el capitán José Martínez Crespo, al mando de una unidad del 27 Batallón de Infantería, con un subfusil MP5 en mano, irrumpió en la comandancia de la policía municipal de Iguala. No lo hizo solo. Lo acompañaban el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el cabo Santiago Muñoz Pilo, el soldado Francisco Narváez Pérez y al menos otros cuatro militares más. El pretexto fue el supuesto extravío de una motocicleta del agente de inteligencia militar Ezequiel Mota Esquivel.
Sin embargo, el analista que dirige el grupo Pascal Bourne refiere que “si se hubiera tratado de una diligencia ordinaria —“como era preguntar por una pinche motoneta pedorra” así lo dijo a Los Ángeles Press—, bastaba con enviar al subteniente Pirita al mando de un pequeño grupo. Pero no fue así. El que encabezaba la incursión era el oficial de cuartel, armado con un subfusil Heckler & Koch MP5, y junto a él iban más de una docena de elementos. La magnitud del despliegue evidencia que no se trataba de un trámite administrativo, sino de una operación prioritaria: rescatar al soldado infiltrado Julio César López Patolzin y borrar todo rastro de su detención.
El subfusil Heckler & Koch MP5 que portaba Crespo, de uso reglamentario en el Ejército mexicano, tenía capacidad para disparar hasta 800 tiros por minuto con cargadores de 30 balas. De calibre 9 mm, su diseño para operaciones urbanas lo convertía en un arma de alta precisión y letalidad a corta distancia. Las ráfagas podrían haber atravesado sin dificultad los vidrios y la carrocería de los autobuses donde iban los estudiantes. Sin embargo, el analista de Pascal Bourne, confirmó a Los Ángeles Press, que los ataques armados contra los estudiantes no provinieron del Ejército, sino de las corporaciones policiacas.
Tal como está publicado en el Informe Pascal, desde su primer apartado, demuestra que fueron policías municipales quienes abrieron fuego con fusiles AR-15 calibre .223 y pistolas 9 mm, disparando contra los autobuses y provocando las primeras seis bajas de esa noche.
“El Ejército no estuvo detrás de los autobuses disparando ─sostiene el investigador del grupo Pascal─, su participación se concentró en el control operativo, la vigilancia en tiempo real y la irrupción en la comandancia de Iguala”.
El capitán Crespo, reitera el investigador, cumplió la tarea de rescatar al soldado infiltrado Julio César López Patolzin y se aseguró de que ningún normalista sobreviviera como testigo de los trágicos hechos. Así, mientras las policías ejecutaban los ataques, la SEDENA garantizaba el encubrimiento y la protección de su propio agente dentro de la operación.
El Informe Pascal, en su apartado GL 1, p. 31-32, lo detalla con claridad:
“Con el subterfugio de la supuesta moto extraviada del soldado Eduardo Mota Esquivel, el capitán Crespo intentó justificar la irrupción de la SEDENA (declaración del juez de Barandilla José Ulises Bernabé García, tomo 67, folio 510) a la comandancia de la policía municipal de Iguala a las 23:30 horas. Esta irrupción de la SEDENA fue para cerciorarse de que no quedara ningún normalista que pudiera ser testigo; esto, en el mejor de los casos; en el peor, ‘reventaron’ la comandancia municipal para rescatar a Julio César López Patolzin, el soldado-normalista detenido en el escenario del puente del Chipote, y así borrar inminentemente las huellas de su infiltración.”
El silencio del GIEI
Pese a tener acceso a declaraciones ministeriales y registros de telefonía, el GIEI omitió profundizar en la figura de López Patolzin. En sus informes apenas se menciona su nombre entre los desaparecidos, sin preguntar qué significaba que un militar activo estuviera infiltrado en la Normal, ni qué consecuencias tenía que el Ejército lo sacara encubiertamente de la comandancia. Tampoco exigieron la comparecencia de Crespo. Mientras desmontaban la “verdad histórica” de Murillo Karam, evadieron documentar la “verdad militar” que apuntaba directamente a la SEDENA.
El Informe Pascal también evidencia que el GIEI tuvo acceso a todas las declaraciones ministeriales y a la documentación existente sobre el caso referido por el mismo grupo de expertos internacionales.
La línea de mando militar
El operativo de Crespo no fue una decisión autónoma. La cadena de mando revela que sus acciones estaban subordinadas al coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, y éste, a su vez, al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe de la 35 Zona Militar. Documentos oficiales muestran que López Patolzin se comunicaba en tiempo real con el teniente Francisco Macías Barbosa, mientras sus reportes eran verificados por Eduardo Mota Esquivel, ambos de inteligencia militar. Así, la SEDENA no solo sabía lo que ocurría: coordinaba la operación en tiempo real.
El “rescate” y la desaparición
El “rescate” encubierto dirigido por Crespo borró las huellas más evidentes de la infiltración militar. Con ello, el Ejército aseguró que ningún testimonio comprometedor saliera de la comandancia y selló una de las piezas clave en el engranaje de encubrimiento del crimen de Estado.
Testigos ministeriales señalaron que Crespo pidió al juez calificador liberar al “soldado-normalista”, lo que se cumplió de inmediato. Uno de los analistas del grupo Pascal Bourne explicó a Los Ángeles Press que el propósito era doble: extraer al infiltrado y verificar que los otros 28 normalistas fueran sacados de la comandancia y llevados al retén de Lomas de Coyotes, donde los subieron a una camioneta de tres y media toneladas.
En el puente del Chipote, el Estrella de Oro 1531 fue interceptado con 14 normalistas; en la comandancia se concentraron otros 28. Ambos traslados ─los 14 al Tomatal y los 28 desde la comandancia─ formaron parte del mismo engranaje operativo que culminó en la desaparición de los 42 estudiantes.
El investigador de Pascal Bourne lo resume:
“La SEDENA estuvo en un sitio caliente, porque minutos antes allí había 28 normalistas; y de ahí los desaparecieron. Un sitio muy caliente.”
Las herramientas del soldado-normalista
López Patolzin usaba un celular iPhone 5, que en 2014 costaba entre 10,800 y 14,000 pesos (845 y 1,090 dólares). Para un normalista rural, era impensable contar con un dispositivo de esa gama, pero la SEDENA los entregaba a sus agentes de inteligencia. El iPhone no era un lujo personal, sino una herramienta militar para reportar en tiempo real los movimientos de sus compañeros, manteniendo comunicación directa con el Batallón 50 y el 27 de Infantería.
El Informe Pascal demuestra que López Patolzin no estaba solo: había otros infiltrados de la SEDENA insertados en la Normal, todos con el mismo equipo telefónico.
Julio César López Patolzin es la prueba más contundente de que el Ejército conocía en tiempo real los movimientos de los normalistas y participó directamente en su persecución, captura y desaparición. Mientras 42 estudiantes fueron desaparecidos, López Patolzin no corrió la suerte de sus compañeros: fue rescatado y protegido por la SEDENA.
Claves de la tercera entrega
La evidencia del Informe Pascal demuestra que el autobús Estrella de Oro 1531 no transportaba droga, como sostuvo la versión mediática de Anabel Hernández, sino a Julio César López Patolzin, el soldado infiltrado de inteligencia militar entre los estudiantes de Ayotzinapa.
La hipótesis de la heroína, repetida por Anabel Hernández en libros y documentales, operó como una coartada de la SEDENA y desvió la mirada pública de la participación directa del Ejército, reforzando la idea de que los normalistas habían sido confundidos o cooptados por narcotraficantes.
Esa narrativa, convertida en distractor internacional, terminó por encubrir lo esencial: que la desaparición de los 42 estudiantes no fue un hecho del crimen organizado, sino un crimen de Estado y una operación de exterminio dirigida desde la SEDENA, por el general Salvador Cienfuegos y la Policía Federal bajo el mando de Omar García Harfuch.
El rescate de López Patolzin en la comandancia y el control militar de la escena fueron apenas la primera fase de la operación. Como advierte el analista que lidera el grupo Pascal Bourne, ninguno de los 42 estudiantes fue asesinado en Iguala: hacerlo en la ciudad habría dejado evidencias visibles. Los estudiantes fueron trasladados fuera de la ciudad, a sitios despoblados y sin testigos, donde los perpetradores tuvieron todo el tiempo del mundo para consumar la desaparición. “Una operación planeada meticulosamente, ejecutada por profesionales y sostenida en la impunidad del Estado”.
