Llega el Día de los Desaparecidos con 133 mil 68 casos registrados

Al 29 de agosto de 2025 México sigue arrastrando una herida abierta: más de 130 mil personas contabilizadas como desaparecidas o no localizadas según registros oficiales y bases abiertas combinadas. Esta cifra no es una mera estadística: es el resultado de años de fallas institucionales, colusión, violencia organizada y una red de omisiones que habilita la impunidad. Este reportaje —más amplio y documentado que la primera versión— sintetiza datos, señala actores, reproduce la voz de colectivos y plantea exigencias concretas al Estado y a organismos internacionales.

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II. Metodología y alcance

El reportaje se construyó con:

1. Revisión y cruce de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con bases abiertas y periodismo de datos. Corte: 29/08/2025.
2. Análisis de informes y comunicados de colectivos de búsqueda (Madres Buscadoras, Colectivo Solecito, Familias Unidas, Buscadoras de Sonora, entre otros) y redes de familiares.
3. Revisión de alertas y pronunciamientos de organizaciones internacionales (ONU — Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, OACNUDH; Amnistía Internacional; Human Rights Watch) y organismos multilaterales (Banco Mundial, que ha emitido análisis sobre el costo socioeconómico de la violencia y la desaparición).
4. Revisión de coberturas periodísticas recientes (Data2, Objetivo7, reportes locales) y verificación documental de hallazgos forenses y sentencias judiciales relevantes.
5. Entrevistas escritas y testimonios de familiares y activistas —reproducidos como paráfrasis para proteger identidades cuando fue necesario—.

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III. Panorama cuantitativo: cifras y tendencias

Los conteos combinados (RNPDNO + bases independientes y proyectos de datos) muestran:

• 133,068+ registros acumulados desde el inicio de los conteos masivos (décadas pasadas hasta 2025).
• Incremento anual sostenido: los registros nuevos cada año han mostrado una tendencia al alza en la última década, con picos en años donde la presencia de grupos criminales se reorganizó y en contextos de fallas de seguridad local.
• Perfiles de vulnerabilidad: jóvenes (15–29 años), migrantes, mujeres (en incremento relativo), personas LGBTI+, y comunidades rurales e indígenas.
• Estados con mayor concentración: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Michoacán. Estos focos coinciden con rutas de trasiego, zonas de disputa territorial y presencia de redes criminales con capacidades de control territorial.

Limitaciones de los datos: subregistro, duplicidad de expedientes, y variaciones metodológicas entre fiscalías estatales y el registro nacional que obligan a prudencia en proyecciones exactas.

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IV. Actores clave y responsabilidades

1. El Estado (federal, estatales y municipales): responsable último de prevención, investigación y atención. La fragmentación entre fiscalías, la falta de inversión en capacidad forense y la rotación de personal han mermado la eficacia.
2. Colectivos y familiares buscadores: han sido —por necesidad— la vanguardia de la localización. No son ONG profesionales con presupuesto, sino familias formadas en campo y tecnología que hacen lo que el Estado no hace.
3. Grupos criminales: actores que operan tanto en la comisión de desapariciones (tráfico de personas, secuestros, reclutamiento forzado) como en la violencia que genera desplazamientos y ocultamiento de cuerpos.
4. Actores transnacionales y negocio de la impunidad: desde redes de tráfico hasta intereses que trascienden fronteras (rutas migratorias, comercio ilícito) y que, en algunos casos, se benefician de la opacidad institucional.
5. Organismos internacionales (ONU, ONUDH, Banco Mundial): además de pronunciamientos, algunos organismos han ofrecido cooperación técnica; el Banco Mundial, por su parte, advierte del costo económico y del impacto en inversión y desarrollo local asociado a la persistencia de violencia y desaparición.

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V. Testimonios y crónicas de búsqueda (paráfrasis protegida)

Una madre buscadora de Jalisco relata que aprendió a leer imágenes satelitales después de que la fiscalía le negara información durante meses; otra familia cuenta que un testigo tembló al describir el procedimiento: “me pidieron que no hablara”. En Sonora, un colectivo pasó tres días en campo hasta encontrar huesos que la Fiscalía estatal tardó semanas en recoger. Estos relatos, que se repiten y se cruzan, muestran una ecuación trágica: familias que se profesionalizan en la búsqueda porque la institucionalidad no alcanza.

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VI. Casos emblemáticos y hechos recientes (corte 29/08/2025)

• Asesinato de una madre buscadora: en las últimas semanas se documentó el secuestro y posterior homicidio de una madre buscadora originaria de Zacatecas, localizada en otro estado. Este hecho no sólo es una tragedia individual sino un indicador del riesgo extremo que enfrentan quienes investigan por cuenta propia.
• Hallazgos de fosas: en múltiples estados se han localizado fosas clandestinas con víctimas múltiples; en algunos casos la cadena de custodia se fracturó y la identificación forense se complicó por la pérdida de muestras o por procedimientos técnicos insuficientes.
• Revelaciones periodísticas sobre colusión: investigaciones locales han documentado, en casos puntuales, la participación de servidores públicos en redes de protección o encubrimiento. Estas investigaciones han sido valientes, pero suelen enfrentarse a represalias y a litigios que prolongan la impunidad.
• Rancho Izaguirre (Jalisco): en las inmediaciones de este predio, localizado en la zona rural, colectivos y autoridades hallaron múltiples restos humanos durante operativos recientes. La complejidad del terreno y la dispersión de los cuerpos han dificultado la identificación, pero los hallazgos reafirman la existencia de fosas clandestinas vinculadas a redes de crimen organizado que operan en la región. Encontrado por Guerreros Buscadores de Jalisco, se encontraron cientos de zapatos, ropas, restos y hasta un crematorio aunque ya había sido intervenido años antes por la Guardia Nacional que lo dejó seguir operando. Se comparó al campo de extermino de Auschwitz, donde los nazis exterminaron a miles de judíos.
• El “Predio de las Agujas” (Jalisco): se han encontrado 249 bolsas con restos humanos y decenas de cuerpos después.

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VII. La omisión y la opacidad: cómo se esconde la verdad

La invisibilización opera por varias vías:

• Ofuscamiento de registros y acceso restringido: la información sensible en registros administrativos presenta barreras de acceso para familias y periodistas. En algunos expedientes aparecen omisiones deliberadas que impiden reconstruir cadenas de responsabilidades.
• Fragmentación institucional: la dispersión de competencias crea zonas grises donde la búsqueda se diluye entre fiscalías, patrullas y autoridades locales.
• Normalización del silencio: en comunidades enteras, la cultura del miedo inhibe testimonios y denuncias.
• Compras y contrataciones sin transparencia: en la provisión de servicios forenses o de seguridad privada, contratos opacos pueden facilitar la manipulación de evidencia o la falta de rendición de cuentas.

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VIII. Impacto socioeconómico (análisis con referencia a informes multilaterales)

El Banco Mundial y organismos internacionales han documentado que la violencia prolongada y la incertidumbre sobre seguridad generan tres efectos económicos claros: fuga de inversión, pérdida de capital humano y reducción del ingreso per cápita en regiones afectadas. En el caso de México, las desapariciones agravan estas tendencias: familias empobrecidas por la pérdida de un sostén, comunidades que ven mermada su agricultura o comercio y costos para el Estado en investigación y atención.

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IX. Evaluación de políticas públicas y propuestas urgentes

Las políticas implementadas hasta ahora muestran debilidades. A continuación, recomendaciones concretas y urgentes:

1. Creación de unidades forenses móviles y descentralizadas con cadena de custodia profesionalizada.
2. Protección efectiva para colectivos: protocolos de acompañamiento expedito, comunicación directa entre fiscalías y brigadas, y fondos de emergencia para búsqueda.
3. Integración de bases de datos nacionales con acceso público controlado: evitar duplicidades y permitir consultas familiares y periodísticas con salvaguardas de privacidad.
4. Auditoría externa e independiente sobre casos en que se presume colusión entre autoridades y grupos criminales. Idealmente con mandato internacional (OEA/ONU) cuando la credibilidad local esté comprometida.
5. Programa de reparación integral: atención psicológica, apoyo económico temporal, empleo y garantías jurídicas para familiares.
6. Política de prevención estructural: inversión en desarrollo regional que reduzca la oferta de reclutamiento criminal, atención a jóvenes en riesgo y programas educativos.

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X. Qué piden los colectivos (síntesis)

• Verdad plena sobre la ubicación y destino de sus familiares.
• Garantías de no repetición y protección de quienes buscan.
• Acceso a la justicia efectiva y sanciones a servidores públicos coludidos.
• Recursos y apoyo técnico sin intermediarios.

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XI. Recomendaciones para la investigación periodística continua

1. Mantener cortes diarios con RNPDNO y bases abiertas; versionar los datos y publicar visualizaciones que muestren tendencia por década, por estado y por sexo/edad.
2. Sistematizar entrevistas con colectivos: preguntas estandarizadas que permitan comparar procesos de búsqueda y riesgos.
3. Documentar cadenas de custodia en cada hallazgo de fosa y exigir transparencia sobre laboratorios y peritos.
4. Coordinar con organismos internacionales para solicitar acompañamiento técnico en casos de colusión.

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XII. Anexos técnicos (cómo reproducir los datos)

• Fuentes de datos primarias: RNPDNO (registro oficial), bases abiertas de colectivos (cuando disponibles), proyectos de periodismo de datos (DataMX, Data2 proyectos de investigación), registros judiciales locales.
• Herramientas y metodologías: cruce por nombre/alias, georreferenciación, revisión de actas ministeriales y periciales, verificación de fechas y duplicados.
• Limitaciones: subregistro y variabilidad en la calidad de metadatos.

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XIII. Fuentes consultadas (selección)

• Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)
• Colectivos de búsqueda: Madres Buscadoras, Colectivo Solecito, Familias Unidas, Buscadoras de Sonora, entre otros
• Organismos internacionales: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch
• Banco Mundial — análisis sobre impacto económico de violencia y fragilidad institucional
• Medios y plataformas de investigación: Data2, Objetivo7, reportes locales
• Proyectos de datos abiertos y periodismo de datos (DataMX, Lupa)