Campaña de odio contra la autora de El falso caso Wallace

Gertz Manero exonera a Isabel Miranda del delito de tortura

El fiscal general Alejandro Gertz Manero determinó el no ejercicio de la acción penal por tortura contra Isabel Miranda y sus agentes de la SIEDO.

Impune, Isabel Miranda de Wallace y los torturadores de la FGR, mientras Gertz Manero archiva denuncias de tortura y persigue a periodistas.

Impune, Isabel Miranda de Wallace y los torturadores de la FGR, mientras Gertz Manero archiva denuncias de tortura y persigue a periodistas.

Los Ángeles Press/Guadalupe Lizárraga
Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Alejandro Gertz Manero, determinó el no ejercicio de la acción penal en la denuncia presentada contra la extinta María Isabel Miranda Torres y varios agentes de la SIEDO, acusados de tortura en diciembre de 2018 y ratificada en mayo de 2019.

La resolución fue notificada el 14 de agosto de 2025 a través de la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien advirtió que la Fiscalía intentó dar por cerrada la investigación mediante edictos, pese a que la denunciante y víctima, la periodista Guadalupe Lizárraga, tiene registrados correo electrónico y teléfono, además de haber sostenido durante años comunicaciones directas con el agente del Ministerio Público Guillermo Torres Acosta, titular de la Célula II-3 FEIDT 7, especializada en delitos de tortura de la propia FGR.

La maniobra fue interpretada por la asesora jurídica de la CEAV como una estrategia para cerrar el caso sin garantizar el derecho de defensa a la periodista.

En 2023, Lizárraga documentó en un escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias internacionales en la materia el recuento de las agresiones y persecución por parte de servidores públicos inducidos por Isabel Miranda para acallar su investigación que desde 2014 ha dado seguimiento.

En el documento especifica que la propia FGR, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Tortura, le aplicó un protocolo de valoración psicológica cuyo resultado fue positivo por un alto nivel de estrés postraumático derivado de actos de tortura psicológica. Sin embargo, en paralelo, la Fiscalía impulsaba maniobras para archivar el expediente contra Isabel Miranda Torres y minimizar las denuncias de la periodista.

El trasfondo político y judicial
La determinación del fiscal Alejandro Gertz Manero de declarar el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda de Wallace de manera secreta se inscribe en un patrón de protección institucional a personajes con poder político y económico. Entre ellos, Ricardo Raphael, denunciado desde 2019 por plagiar la investigación El falso caso Wallace. A pesar de la denuncia, ha tenido acceso a recursos públicos e instituciones sostenidas del erario, como el Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, para difundir su plagio como si producto propio, mientras la autora original enfrenta persecución, campañas de difamación y la obstaculización sistemática de su acceso a la justicia.

El 20 de noviembre de 2020, la propia FGR ya había determinado un no ejercicio de la acción penal por la fabricación de pruebas contra Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, bajo el argumento de la prescripción de los delitos. En aquel momento, la firma fue del entonces subprocurador Juan Ramos, colaborador cercano de Gertz Manero hoy ya extinto a quien Lizárraga le entregó en mano una USB con su investigación sobre las pruebas fabricadas y torturas del caso con los nombres de los agentes que intervinieron en el montaje y las agresiones.

No obstante, la nueva notificación del 2025 confirma la línea de continuidad: la Fiscalía mantiene su decisión de blindar a quienes construyeron el caso Wallace y desplegaron una campaña de acoso y criminalización contra la periodista, pese a los elementos periciales positivos en tortura en la carpeta de investigación.

Con la notificación de la CEAV, la periodista cuenta ahora con un plazo de diez días hábiles para impugnar la resolución y revertir el cierre del expediente contra Isabel Miranda de Wallace. La CEAV especifica que no se han agotado todas las diligencias ni se han investigado a fondo los hechos de tortura, persecución y secuestro tentativo denunciados ante la FGR.

El vínculo con el caso Vallarta
Esta determinación ocurre en un contexto político mayor. Lizárraga denunció públicamente que el abogado del empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol sostuvo gestiones directas con el fiscal Alejandro Gertz Manero para impulsar la apelación de la liberación de Israel Vallarta Cisneros. Desde 2005, Margolis ha intervenido en la detención arbitraria de Vallarta como parte del montaje televisivo de Carlos Loret de Mola y ha participado directamente en actos de tortura, flanqueado por agentes de la entonces SEIDO.

Vallarta permaneció 19 años en prisión sin sentencia, y su liberación representó un precedente histórico: el reconocimiento de la política gubernamental de fabricación de culpables en México. Pese a ello, el fiscal general decidió apelar con el argumento de proteger a las supuestas víctimas.

Un patrón de encubrimiento
El caso de Lizárraga se suma a una larga lista de determinaciones en la gestión de Alejandro Gertz Manero que han favorecido a personajes con vínculos políticos y empresariales, dejando en la indefensión a las víctimas que han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

En este entramado de impunidad, Lizárraga no solo enfrenta el peso del aparato judicial manipulado que obstaculiza su acceso a la justicia, sino también campañas de desprestigio, censura y persecución directa por ejercer el periodismo independiente al documentar la falsedad del caso Wallace y la corrupción gubernamental.

Historial de agresiones denunciados a la CNDH
En su escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la periodista Guadalupe Lizárraga dejó constancia de un historial de agresiones que incluyen tortura psicológica, intentos de secuestro, allanamientos, amenazas de muerte, campañas de odio y censura institucional. Lizárraga también documentó la alteración de sus declaraciones ministeriales y la desaparición de expedientes por parte de servidores públicos de la FGR, acciones que favorecieron de manera sistemática a Isabel Miranda Torres y a los agentes de la SIEDO implicados en la fabricación del caso Wallace. Estos hechos se suman a la criminalización mediática, recién emprendida tras revelar la influencia de Eduardo Margolis Sobol al fiscal general, por lo que se configura un patrón de violencia estructural para silenciar su trabajo periodístico y obstaculizar su acceso a la justicia en México.2&fsb=1&dtd=3807

En 2023, Lizárraga documentó en un escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias internacionales en la materia el recuento de las agresiones y persecución por parte de servidores públicos inducidos por Isabel Miranda para acallar su investigación que desde 2014 ha dado seguimiento.

En el documento especifica que la propia FGR, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Tortura, le aplicó un protocolo de valoración psicológica cuyo resultado fue positivo por un alto nivel de estrés postraumático derivado de actos de tortura psicológica. Sin embargo, en paralelo, la Fiscalía impulsaba maniobras para archivar el expediente contra Isabel Miranda Torres y minimizar las denuncias de la periodista.

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El trasfondo político y judicial

La determinación del fiscal Alejandro Gertz Manero de declarar el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda de Wallace de manera secreta se inscribe en un patrón de protección institucional a personajes con poder político y económico. Entre ellos, Ricardo Raphael, denunciado desde 2019 por plagiar la investigación El falso caso Wallace. A pesar de la denuncia, ha tenido acceso a recursos públicos e instituciones sostenidas del erario, como el Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, para difundir su plagio como si producto propio, mientras la autora original enfrenta persecución, campañas de difamación y la obstaculización sistemática de su acceso a la justicia.

El 20 de noviembre de 2020, la propia FGR ya había determinado un no ejercicio de la acción penal por la fabricación de pruebas contra Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, bajo el argumento de la prescripción de los delitos. En aquel momento, la firma fue del entonces subprocurador Juan Ramos, colaborador cercano de Gertz Manero hoy ya extinto a quien Lizárraga le entregó en mano una USB con su investigación sobre las pruebas fabricadas y torturas del caso con los nombres de los agentes que intervinieron en el montaje y las agresiones.

No obstante, la nueva notificación del 2025 confirma la línea de continuidad: la Fiscalía mantiene su decisión de blindar a quienes construyeron el caso Wallace y desplegaron una campaña de acoso y criminalización contra la periodista, pese a los elementos periciales positivos en tortura en la carpeta de investigación.

Con la notificación de la CEAV, la periodista cuenta ahora con un plazo de diez días hábiles para impugnar la resolución y revertir el cierre del expediente contra Isabel Miranda de Wallace. La CEAV especifica que no se han agotado todas las diligencias ni se han investigado a fondo los hechos de tortura, persecución y secuestro tentativo denunciados ante la FGR.

El vínculo con el caso Vallarta

Esta determinación ocurre en un contexto político mayor. Lizárraga denunció públicamente que el abogado del empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol sostuvo gestiones directas con el fiscal Alejandro Gertz Manero para impulsar la apelación de la liberación de Israel Vallarta Cisneros. Desde 2005, Margolis ha intervenido en la detención arbitraria de Vallarta como parte del montaje televisivo de Carlos Loret de Mola y ha participado directamente en actos de tortura, flanqueado por agentes de la entonces SEIDO.

Vallarta permaneció 19 años en prisión sin sentencia, y su liberación representó un precedente histórico: el reconocimiento de la política gubernamental de fabricación de culpables en México. Pese a ello, el fiscal general decidió apelar con el argumento de proteger a las supuestas víctimas.

Un patrón de encubrimiento

El caso de Lizárraga se suma a una larga lista de determinaciones en la gestión de Alejandro Gertz Manero que han favorecido a personajes con vínculos políticos y empresariales, dejando en la indefensión a las víctimas que han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

En este entramado de impunidad, Lizárraga no solo enfrenta el peso del aparato judicial manipulado que obstaculiza su acceso a la justicia, sino también campañas de desprestigio, censura y persecución directa por ejercer el periodismo independiente al documentar la falsedad del caso Wallace y la corrupción gubernamental.

Historial de agresiones denunciados a la CNDH

En su escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la periodista Guadalupe Lizárraga dejó constancia de un historial de agresiones que incluyen tortura psicológica, intentos de secuestro, allanamientos, amenazas de muerte, campañas de odio y censura institucional. Lizárraga también documentó la alteración de sus declaraciones ministeriales y la desaparición de expedientes por parte de servidores públicos de la FGR, acciones que favorecieron de manera sistemática a Isabel Miranda Torres y a los agentes de la SIEDO implicados en la fabricación del caso Wallace. Estos hechos se suman a la criminalización mediática, recién emprendida tras revelar la influencia de Eduardo Margolis Sobol al fiscal general, por lo que se configura un patrón de violencia estructural para silenciar su trabajo periodístico y obstaculizar su acceso a la justicia en México.