La reforma electoral que viene

Alfabeto QWERTY/Andrés Villarreal

En la lucha por el poder no hay pausas, siempre está en disputa algo. En México ahora la madre de todas las batallas es la reforma electoral. Esto significa que el complejo entramado de reglas para la competencia democrática será modificado, aunque aún no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto.

Desde tiempos de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, la fuerza política en el gobierno ha definido en líneas generales sus intenciones de las reformas legales en materia electoral. AMLO hizo un primer intento en 2022, con la visión de que se aplicaran en las elecciones de la sucesión presidencial pero los votos solo alcanzaron para un Plan B, donde se disminuían los recursos destinados a la autoridad electoral, y lo sustantivo y de fondo quedó atorado.

Estamos en la fase inicial de este nuevo intento de la 4T por modificar la arquitectura electoral forjada históricamente entre dos posiciones políticas hoy minimizadas —el PRI y el PAN. Esencialmente entre ellos, y con muy pocas propuestas de la izquierda, México registra cinco grandes reformas electorales en la línea del tiempo del último medio siglo, de 1977 a la fecha. Producto de esas cinco reformas es la realidad democrática de este país.

Las reformas que propuso López Obrador y dejó como herencia a su sucesora, podrían ser en esencia las mismas que respalde la Presidenta Sheinbaum, aunque se han tomado la prudencia de señalar que la propuesta surgirá de los trabajos de una Comisión que encabeza Pablo Gómez, el experimentado legislador de la vieja izquierda.

Esas propuestas ya conocidas trastocan el fondo y los puntales del sistema electoral mexicano: Modifica por completo el modelo de financiamiento a partidos, que implica una reducción del 50 por ciento actual, como mínimo; desaparece a los organismos electorales locales, conocidos como OPLES, al igual que a los Tribunales de cada estado; propone reformar al actual INE, desde su integración, donde los consejeros serían electos mediante voto popular; se eliminan —o reducen— las diputaciones plurinominales; se elimina la reelección consecutiva en el legislativo y el tamaño del poder.

Solo el tema del financiamiento público es suficiente para abrir una guerra política sin cuartel. El sistema de partidos de México es uno de los más caros en el mundo, es decir, es uno donde se destinan mayores recursos públicos para la manutención de la vida de los partidos políticos y el desarrollo de las campañas electorales en los años en que se registran. Más, lo que significa mantener árbitros y órganos jurisdiccionales confiables.

Margen de error

($) Las elecciones se ganan con dinero. No hay más. No es plataforma política, ni propuestas ni carisma. Son recursos para sostener una cobertura territorial. Y dinero es lo que ha tenido el sistema electoral en México, por la vía de financiamiento público (capítulo aparte requieren los recursos que ingresan a las contiendas políticas desde otras fuentes).

Empecemos con un ejemplo para el entendimiento de las dimensiones de dinero público para mover el aparato democrático de México: la elección de 2024 se llamó como la más grande de la historia por el número de puestos en juego al mismo tiempo —por la concurrencia de elecciones locales que antes no se daba—, pero también por el gasto de recursos: 60 mil 451.3 millones de pesos.

Más de la mitad del recurso público es para organizar la elección, es el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Estatales; los partidos políticos gastan una tercera parte de ese monto de 60 mil millones, acumulando un doble financiamiento, es decir el Federal y el de cada estado. El resto, es para las autoridades jurisdiccionales.

Primera cita

(Pez) Mientras se pasea el fantasma de la Reforma Electoral de la 4T, que amenaza con un recorte sin precedente en la historia al financiamiento público del Sistema Electoral, la bolsa garantizada a repartir a partidos en 2025 es más grande que cualquier otro año sin elecciones en los últimos 20.

Y no es poco:

• Un 11 por ciento más que cuando resultó electo AMLO.
• Un 10 por ciento más después del regreso del PRI con Peña Nieto.
• Un 14 por ciento más que al año siguiente del triunfo de Calderón

Es un retorno al pasado. Como en los tiempos de la hegemonía del PRI, cuando se llevaba hasta un 45 por ciento de la bolsa total de recursos públicos a repartir. Aquel PRI de 1997 es ahora Morena, con más de una tercera parte de los 7 mil 213.5 millones de financiamiento público total.

La pregunta sería: si ahora Morena recibe más recursos que cualquier otra fuerza política, ¿por qué propone reducirlos a la mitad?

Mirilla

(Extremos) El efecto AMLO de 2018 modificó por completo la correlación de fuerzas políticas. Morena se fue apropiando de votos y de recursos; a ese mismo ritmo quienes antes eran poderosos, como el PRI y el PAN, vivieron el declive.

Este 2025 el PRI recibirá 238 por ciento menos recursos en términos reales que cuando perdió la presidencia por primera vez, en 2001. En la elección pasada solo obtuvo un 12 por ciento de los votos.

El PAN, tendrá 60 por ciento menos financiamiento en términos reales que en 2001, cuando ganó la presidencia. Y su pérdida de votos en ese lapso es del 92 por ciento, pasó de tener más de una tercera parte de las preferencias en el país a solo un 18 por ciento en la elección pasada.

En el extremo contrario están los que antes llamaban despectivamente la chiquillada: En la última década, de 2015 a 2025, el PT y el Verde casi duplicaron su financiamiento, y Movimiento Ciudadano casi lo triplicó.

El dinero no lo es todo, pero aunque se niegue se convertirá en el tema que marcará las posiciones y las posibilidades de negociación en esta nueva guerra que apenas empieza (PUNTO)

Artículo publicado el 10 de agosto de 2025 en la edición 1176 del semanario Ríodoce.