INCENDIOS EN LA SIERRA. Ocasionados por bombas lanzadas desde drones.

Cortesía/Ríodoce/Cayetano Osuna

Reportan pérdidas millonarias por destrucción de aserradero e incendios en la zona serrana de Concordia.

A punto de cumplirse nueve meses de enfrentamientos armados, desde el 9 de septiembre que estalló la narcoguerra, los pobladores de la zona serrana no solo han sufrido la destrucción del aserradero de El Batel, de San Miguel del Carrizal, sino también el “biocidio” y/o “crimen contra la vida” provocado mediante artefactos explosivos lanzados desde drones por grupos armados.

La narcoguerra protagonizada por Chapos y Mayos en la comarca del aserradero El Batel, de la comunidad de San Miguel del Carrizal, ubicada a 15 kilómetros de la sindicatura de Santa Lucía, Concordia, a la que pertenece, ha dejado pérdidas millonarias y más de 45 campesinos sin fuente de empleo.

“Estimamos que tenemos pérdidas por unos 10 millones de pesos con todo y herramientas, robo y destrozos en el aserradero; sin incluir la pérdida del bosque incendiado, ocasionadas por bombas lanzadas desde drones, que ascendería a muchos millones más”, lamentan los damnificados.

Aseguran que desde septiembre llegó un grupo armado y se atrincheró en el aserradero El Batel, destruyendo toda la documentación: registro de ventas, entrada y salida de madera, remisiones del monte, y hasta la impresora.

“Con toda impunidad y la complacencia de las autoridades, los sicarios se robaron y canalizaron todo del aserradero, dejando sin fuente de empleo a más de 45 personas originarias de la zona serrana de Concordia”, denuncian los afectados.

Durante su estancia en el aserradero, los pistoleros vandalizaron un camión torton Kenworth, una camioneta Pick Up Chevrolet, una camioneta Ford doble rodado, entre otros vehículos que se utilizaban en la empresa maderera.

“Destrozaron a balazos dos cargadores, los cristales y las llantas, los espejos y agujeraron el tanque de combustible de los vehículos y se robaron las baterías de los carros y todo el combustible; hay que reconstruir también la techumbre del aserradero, comprar herramientas, porque todo se lo robaron”, lamentan.

El jueves 22 de mayo, el grito de auxilio de los habitantes de San Miguel del Carrizal, Santa Lucía, por los incendios ocasionados por las bombas lanzadas con drones, se unió al clamor de los pobladores de Chirimoyos, La Petaca, El Cuantamal, Potrerillos y El Palmito, pidiendo la intervención tanto de María Inés Pérez Corral, titular del Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDES) y de Óscar Zamudio Pérez, alcalde de Concordia.

“Los bosques están ardiendo y hasta el jueves 22 de mayo, son 10 los brigadistas voluntarios que andan combatiendo este gran incendio, cuando dice la secretaria de Bienestar, María Inés Pérez, que andan más de 50 gentes, es una vil mentira”, criticaban habitantes de Santa María, Concordia.

Los damnificados informaron que el incendio había iniciado el martes 13 de mayo, y que las brigadas que tiene el gobierno del estado, contra incendios, acudieron los días 14 y 15 de mayo, pero luego recibieron la orden de sus jefes de que se retiraran para resguardar su integridad física, mientras 10 personas originarias de la comunidad de San Miguel del Carrizal, combatieron el fuego.

“Se solicitó el apoyo del ejército, pero acuden una que otra vez y se quedan una o dos horas y luego se retiran, por eso ha sido imposible apagar el incendio, que es grandísimo, y se han perdido zonas boscosas, bosques de encino, pino y roble, muy importantes y gran cantidad de fauna silvestre”, criticaban los campesinos de San Miguel del Carrizal.

También los pobladores de Chirimoyos, La Petaca, El Cuantamal Potrerillos y El Palmito, pertenecientes al municipio de Concordia, exigían a las autoridades municipales y estatales, brigadas especializadas contra incendios, para contener el fuego y proteger la vida humana y natural de la zona serrana.

Los campesinos alertaban que los incendios provocados por las bombas lanzadas con drones, no solo devoraban los bosques, sino también contaminaban arroyos y fuentes de agua, ahogados con las cenizas ardientes.

El jueves 29 de mayo, habitantes de Santa Lucía informaron que por parte del gobierno del estado, en Potrerillos, Concordia, se había formado una brigada contra incendios, para apoyar a la comunidad de San Miguel del Carrizal.

“Ya vino María Inés, después de que el fuego consume todo el bosque”, criticaron.

Desde esa perspectiva, los pobladores de las comunidades mencionadas pedían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acudiera al lugar de los hechos para que supervisara tanto las condiciones de vida de los pueblos afectados, como el “biocidio” y/o “crimen contra la vida” ocurrido por bombas.

“Estos incendios, originados mediante artefactos lanzados desde drones, no solo han devastado la vegetación, sino que han alterado el acceso al agua, y el flujo del agua desde los manantiales ha disminuido considerablemente y ahora debe racionarse”, enfatizan los campesinos.

A la titular de la Secretaría de Bienestar y al presidente municipal de Concordia, advierten: “Las comunidades de la sierra no pueden seguir esperando cada día sin agua, sin alimentos y bajo fuego, porque es una violación directa a los derechos humanos; esta no es solo una crisis ambiental, es una emergencia humanitaria con responsabilidad institucional”.

CAMIONETA BALEADA. Los daños en el aserradero.