El Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU reprobó las malas prácticas del gobierno de México en materia de trato a migrantes.
Estuvieron presentes, en cambio, organizaciones de la sociedad civil que demostraron ante el comité de la ONU el descuido y desinterés del gobierno de México para hacer justicia a migrantes.
Los Ángeles Press
De acuerdo con un comunicado de distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de México optó por no enviar representantes a las sesiones de trabajo del Comité sobre Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas.
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Ni la Fiscalía General de la República ni el Instituto Nacional de la Migración enviaron representantes a las sesiones celebradas los días 7 y 8 de abril en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
Entre las organizaciones civiles presentes en Ginebra estuvieron representantes de Fundacion para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migracion (IMUMI), Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Politica Migratoria, entre otras.
Ellos destacaron los principales pendientes del Estado mexicano en materia de “desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de niñez migrante, falta de acceso a derechos, retrasos injustificados en la entrega de tarjetas de visitantes por razones humanitarias”, entre otros problemas.
Según otro comunicado, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación del gobierno de México la presidió Francisca Méndez Escobar, representante permanente de su país ante las distintas organizaciones internaciones con sede en Ginebra. También estuvo Jennifer Feller, directora general para Derechos Humanos y Democracia y Fátima Ríos, directora general para Movilidad Humana y Desarrollo, ambas de la Secretaría de Exteriores, así como Arturo Guerrero Zazueta, director general for Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal.
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Según ese comunicado oficial, México habría presentado un informe completo sobre la situación en México, aunque la fuente oficial no refiere dónde se podría consultar ese informe ni fue posible localizarlo en las páginas en español o inglés del gobierno de México.
Fue posible localizar la posición oficial de la jefe de la delegación mexicana, la embajadora Méndez Escobar. El mensaje que leyó en Ginebra aparece como PDF después de este párrafo o se puede descargar como archivo Word, en el sitio de Naciones Unidas, aquí.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/04/10/int-cmw-sta-mex-62859-s-QeTRlwRBV.pdf&embedded=true
El Comité solicito al gobierno de México información sobre las acciones realizadas para: investigar los delitos y las violaciones a derechos humanos contra migrantes. También pidió que dieran cuenta de las acciones que hubieran tomado para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos. Finalmente, se solicitaba del gobierno de México que instalara una “Mesa de búsqueda de migrantes”.
Ya desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México se ha negado a cumplir con esta solicitud y, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, el de Claudia Sheinbaum no presentó respuesta alguna a las solicitudes de información sobre esos temas.
México de conciencia
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El actual gobierno reconoció “pendientes en el diseño de política pública para atender la crisis de desapariciones en el país y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, principalmente en El Salvador, para que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional”.
El comunicado de las organizaciones de la sociedad civil reconoce que México aceptó que hay un “bajo índice de judicialización de casos de delitos contra migrantes”, por lo que sólo hubo, en el período 2019-25 un total de 53 sentencias, diez fueron absolutorias y 43 condenatorias.
En lo que hace a las desapariciones forzadas, en el periodo 2018-23, tan sólo hubo 15 sentencias condenatorias, aunque se desconoce cuántas pudieran ser personas migrantes.
